Investigado el juez que dio un permiso a Rodríguez Menéndez

El Consejo General del Poder Judicial decidió ayer abrir una investigación interna para conocer las circunstancias en las que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de A Coruña concedió un permiso al polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez. El letrado, condenado a nueve años y medio de cárcel por revelación de secretos y fraude fiscal, lo aprovechó para huir. Ahora está en busca y captura.

La investigación -una información previa, la más preliminar dentro de las investigaciones disciplinarias- no se dirige en principio contra el titular de ese juzgado sino que sólo busca esclarecer los hechos. El informe que debe elaborar el Servicio de Inspección del Consejo se elevará en las próximas semanas a la comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes cercanas al Poder Judicial aseguran que, a primera vista y sin haber manejado la documentación del caso, la decisión del juez de otorgar el permiso a Rodríguez Menéndez tendría carácter jurisdiccional (corresponde a su facultad de decidir sobre el caso) y sólo podría haberse revisado mediante el oportuno recurso, por lo que, en principio, descartan que el magistrado tuviera alguna responsabilidad, lo que podría llevar al archivo de la investigación.

Salvo que, con la documentación del caso, se demuestre que se ha producido alguna irregularidad, esa facultad de decidir sobre el caso, que sólo se puede corregir mediante el criterio de un tribunal superior, ampara al juez en su decisión de otorgar el permiso en contra del criterio de la junta de tratamiento de la prisión de Teixeiro (A Coruña), que denegó a Rodríguez Menéndez la posibilidad de salir de la cárcel el pasado mayo.

Ésta es la segunda investigación interna del Poder Judicial abierta por actuaciones de jueces de Vigilancia Penitenciaria de Galicia. El pasado marzo, la comisión disciplinaria archivó la información previa abierta contra un juez de Vigilancia de Pontevedra por un caso similar. El magistrado concedió un permiso penitenciario a tres narcotraficantes presos en la cárcel de A Lama (Pontevedra) en contra de la junta de tratamiento y éstos lo aprovecharon para fugarse. Los vocales consideraron que el comportamiento del juez no se correspondía con ninguna de las faltas -leves, graves o muy graves- previstas por la Ley Orgánica del Poder Judicial.