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Izquierda Socialista provocará un debate sobre laicidad en el congreso del PSOE

La corriente crítica pide la revisión de los acuerdos con la Iglesia católica

Anabel Díez

El debate en el PSOE sobre el peso de la Iglesia Católica en la vida política y social es imparable por mucho afán que su dirección ponga en reconducirlo por senderos tranquilos. Y en el 37º congreso del partido, que se celebrará en dos semanas, los socialistas tendrán que polemizar sobre el asunto, después de que a este foro lleguen vivas las enmiendas sobre la laicidad a la ponencia oficial que he elaborado la corriente Izquierda Socialista sobre la Reforma de la ley de Libertad Religiosa, la creación del Estatuto de Laicidad y la revisión de los acuerdos de 1979 del Estado con el Vaticano.

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"Es indispensable una legislación que establezca nuevos criterios de colaboración de las confesiones religiosas con las administraciones públicas, procurando un trato igualitario para todas, sin privilegios confesionalistas", señala una de las enmiendas de la corriente crítica. Sus autores, singularmente el diputado por Granada, José Antonio Pérez Tapias, recalcan que no se trata tanto de hacer una ley que responda "al principio de tolerancia", como al "principio de laicidad".

Otra de las enmiendas señala: "Desde el PSOE se ve la necesidad de elaborar un Estatuto de Laicidad que establezca pautas comunes de actuaciones de las instituciones democráticas, los representantes políticos y los cargos públicos en relación con las confesiones religiosas, evitando todo comportamiento contrario a la aconfesionalidad del Estado y al principio de laicidad en que se inspira". Y añade: "Para salvar el principio de igualdad que exige que no haya ni privilegios ni discriminaciones entre confesiones religiosas y entre las personas pertenecientes a las mismas, es necesario un Estatuto de Laicidad que regule las buenas prácticas de cargos e instituciones públicas en relación a las religiones".

La petición más difícil de asumir por la dirección del PSOE es la revisión de los acuerdos con el Vaticano, para, dice la enmienda, dar paso "a nuevas formas de relación entre el Estado y la Iglesia, consonantes con una laicidad respetuosa con las tradiciones religiosas, pero exigente en la defensa de la autonomía del ámbito político respecto de las confesiones religiosas". La dirección federal todavía no ha decidido qué posición defenderá el ponente oficial, encargado de poner límites a estas peticiones. La última palabra la tienen los delegados, que tienen que votar todos los textos con su papeleta.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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