Jáuregui: "Les vamos a oír, pero también nos van a oír"

Todas las demandas de las asociaciones de jueces, ya sea su petición de reformas legales o las exigencias salariales, tienen su respuesta en el Parlamento. Ésta es la razón formal que esgrime el Grupo Parlamentario Socialista para solicitar la comparecencia de los representantes de estas asociaciones en una decisión inédita que el PP ha calificado como "una forma de control".

"Queremos escucharles y que nos escuchen; oírles y que también nos oigan", ilustró el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Ramón Jáuregui, al presentar ayer la iniciativa en el Congreso. Nada obliga a los representantes de las asociaciones a comparecer. No han sido convocados en el marco de una comisión de investigación parlamentaria, que es el único caso en el que todos los ciudadanos tienen la obligación inexcusable de atender la llamada del Parlamento. No obstante, para la dirección del Grupo Socialista, en voz de Ramón Jáuregui, "seguro que sí querrán comparecer ya que se les da la ocasión de que expliquen sus demandas. Si las asociaciones han entrado en el juego político al plantear reivindicaciones y posibles huelgas, pues, adelante, aquí tienen el Parlamento".

Chantaje y presión

Lo cierto es que las iniciativas que ayer tomaron Gobierno y Grupo Parlamentario Socialista fueron largamente debatidas el día anterior en la sede del PSOE en una reunión convocada por el responsable de Libertades, Álvaro Cuesta, junto al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. De la dirección también estuvieron la secretaria de organización, Leire Pajín, la responsable de Política Institucional, Mar Moreno, portavoces, diputados y senadores del área de Justicia y los mismos cargos pero del ámbito autonómico.

Del encuentro salieron dos líneas de actuación, además de reafirmarse en seguir adelante con la agenda de Justicia del Gobierno y el apoyo al ministro. Una oferta de negociación a las asociaciones sobre las condiciones de trabajo de los jueces, "operatividad y medios" y rechazo total a negociar las leyes. "Consideramos intolerable que las asociaciones presionen o chantajeen con la amenaza de una huelga si no les gusta el resultado de las reformas que están en marcha como se desprende de su inquietante documento reivindicativo", proclama Álvaro Cuesta.