CARLOS E. CUÉ - Madrid - 24/12/2007
La dirección del PP tomó la decisión de recusar a tres jueces del Tribunal Constitucional a pesar de que varios magistrados conservadores de este organismo trataron de convencerles de que no lo hicieran, según confirman fuentes parlamentarias y de la dirección del PP. La decisión ha supuesto un grave revés para el PP, ya que ha sido rechazada con un auto sin precedentes en el que el tribunal calificaba la actitud del principal partido de la oposición como un "intento de abuso de derecho o fraude procesal". El PP basaba su recurso en una información de prensa publicada en el diario El Mundo y desmentida por completo.
Zaplana anunció la recusación a la prensa y puso muy difícil rectificar
La decisión se tomó antes de publicarse el artículo en el que se basaba
El 24 de octubre, Mariano Rajoy convocó a una comida en el restaurante Paradis, al lado del Congreso, a algunos de sus colaboradores más directos. Estaban Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, números dos y tres del partido, Carlos Aragonés, miembro de maitines, y Jorge Fernández Díaz, número dos del Grupo Parlamentario. La posible recusación de tres jueces progresistas del Constitucional, en respuesta a la que el Gobierno había presentado contra dos conservadores, monopolizó rápidamente la conversación.
Ninguno de los presentes se mostró entusiasmado con la idea de recurrir. Pero Rajoy parecía ya decidido, a decir de dos comensales. El equipo jurídico, liderado por Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, le había trasladado la posibilidad de utilizar una reunión en la que tres magistrados progresistas habrían mostrado su apoyo a la Ley del Constitucional, el recurso que debían juzgar.
Uno tras otro, los dirigentes expresaron sus dudas. Sobre todo argumentales. El PP había puesto el grito en el cielo cuando el Gobierno recurrió, y era difícil justificar por qué hacían lo mismo. Se impuso el criterio de Rajoy: "Hay que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una ofensiva como la del Gobierno, que le permite controlar el Constitucional cuando se va a juzgar el Estatuto de Cataluña. Lo explicamos diciendo que el Gobierno no nos ha dejado otra opción".
La decisión estaba pues, tomada. Y se puso en marcha rápidamente. Aprovechando que todos los diputados estaban en el Congreso -había una votación de los Presupuestos y la movilización fue total- se habilitó la salita contigua al despacho de Rajoy para que 62 de ellos firmaran el recurso. No lo hicieron Rajoy ni Zaplana, uno de los que más dudas había expresado.
La otra parte de la operación consistía en que El Mundo publicara la información para que el PP pudiera argumentar que tenía datos nuevos para la recusación. Y así sucedió. Al día siguiente apareció una información sin firmar narrando una reunión del 12 de junio en la que tres magistrados del sector progresista habrían mostrado su apoyo a la ley. Todos los presentes en esa reunión -seis magistrados- han desmentido después esa información.
Al día siguiente, Eduardo Zaplana, con la noticia encima de la mesa, confirmó en rueda de prensa, al mediodía, que se iba a presentar el recurso. No había consultado con Génova, como hace habitualmente, pero pensó que esta vez no hacía falta. Sin embargo, en la dirección del PP hubo muchos nervios esa tarde.
Los populares admiten que entre los magistrados conservadores hay dos bloques. En uno están Jorge Rodríguez Zapata (amigo de Trillo) y Roberto García-Calvo. En el otro todos los demás. Varios magistrados de este último grupo llamaron, según diversas fuentes parlamentarias y de Génova, a dirigentes del PP, entre ellos Ignacio Astarloa, responsable de Justicia y con serias dudas sobre el asunto, para convencer a la dirección de que con pruebas tan endebles sería muy difícil sacar adelante ninguna recusación.
La tarde fue larga en Génova, con una reunión de crisis de Rajoy, Acebes, Trillo, Astarloa y Sáenz de Santamaría. El equipo de prensa se negó hasta última hora a confirmar la noticia que había adelantado Zaplana. El propio portavoz, uno de los más reacios a la recusación, había puesto más difícil la marcha atrás con su rueda de prensa.
Al final se impuso la primera decisión de Rajoy. Los que se habían opuesto mantuvieron la disciplina de partido. Uno de los que más apoyaron la iniciativa se queja de que ahora internamente todos se quieran desvincular y culpen a Trillo. "Claro, cuando un recurso sale bien, tiene muchos padres, pero cuando sale mal, como este, nadie quiere hacerse responsable. En un partido hay que estar a las duras y a las maduras", sentencia.
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22
pepe ram
- 24-12-2007 - 16:47:16h
¡Anda! El cinturon sanitario en el Constitucional. Y el PP que no se deja ¿o qué?. Vaya vaya.
21
pulpo
- 24-12-2007 - 16:32:54h
La ignorancia no exime de la ley pero si encima te avisan y no haces caso el castigo debería ser doble. Lastima que los únicos que pueden someter al castigo son los ciudadanos en las urnas pero no se enteran de nada habitualmente
20
Fuss
- 24-12-2007 - 15:42:53h
Antoni (8), los catalanes recuerdan estas maniobras. Pero también recuerdan a Alfonso Guerra jactándose de haberse "cepillado" el Estatut aprobado por el 90% de los votos del Parlament de Catalunya. Así que al fin y al cabo, entre PP y PSOE no hay mucha diferencia en lo que concierne a Catalunya, salvo, a veces, en los modos. Lo más parecido a un nacionalista español de derechas es un nacionalista español de izquierdas, como dijo aquel.
19
quim
- 24-12-2007 - 15:41:08h
el problema surge al responder los jueces a ideas partidistas.
18
Miguel Angel
- 24-12-2007 - 15:14:24h
Si se presentan pruebas falsas ante un tribunal, y más ante el TC, no se está siendo un delincuente ? Además de las consecuencias jurídicas, no hay consecuencias políticas ? Qué va a hacer Rajoy ?
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