La Junta andaluza admite que pagó ayudas por al menos 37 despidos falsos

"Caiga quien caiga". Esta máxima es la que ha guiado al Gobierno andaluz a la hora de denunciar en el juzgado de guardia 37 nuevos casos de personas que estarían cobrando prejubilaciones indebidas pagadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía. La lista es resultado de una investigación interna, y aún inconclusa, abierta por la Consejería de Empleo a raíz del caso Mercasevilla [cobro de comisiones ilegales, delitos urbanísticos y una trama con prejubilaciones ficticias] que investiga el juzgado 6 de Sevilla.

El pasado jueves, el PP hizo pública la declaración policial del ex director general de Empleo de la Junta Javier Guerrero (cargo que ocupó durante nueve años) en la que este afirmaba haber manejado sin control un fondo de 647 millones de euros para empresas en crisis. La policía sostiene que Guerrero dispuso de este dinero "sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello". Según el informe policial, Guerrero calificó esta bolsa de dinero, que manejó desde el año 2000 hasta 2008, de "fondo de reptiles".

Mar Moreno: "No hay fondos ilegales, otra cosa es el uso indebido"

La Inspección de Hacienda mostró su disconformidad con el procedimiento

Desde ese mismo momento se encendieron todas las luces de alarma en la Junta y Empleo aceleró la investigación interna que tenía abierta sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) que han recibido ayudas de la Junta. El resultado de esta investigación es el siguiente: de los 45 ERE que aún están en vigor -y que afectan a 6.096 personas- ha dado tiempo a escudriñar 30. En 12 de ellos se ha encontrado a 37 intrusos, es decir, personas que podrían estar cobrando de manera irregular prejubilaciones indebidas. Esta información la aportó ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, quien no descartó que pudiera haber ex altos cargos de la Junta en este listado de intrusos.

Fuentes de la investigación aseguraron que entre los 37 prejubilados ficticios figuran el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo y el ex director general de Trabajo y Asuntos Sociales, desde 1996 hasta 2000, el también socialista Juan Rodríguez Cordobés. También un militante socialista. Rosendo fue alcalde de El Pedroso durante dos etapas: entre 1987 y 1995 y entre 1999 y 2007. Entre los dos mandatos, la alcaldía la ocupó Javier Guerrero, ex director general de Trabajo.

"No hay fondos ilegales, son públicos y están en las leyes de presupuestos de la Junta", enfatizó Mar Moreno, quien a renglón seguido añadió: "Otra cosa es que pueda haber habido uso indebido de esos fondos".

La consejera informó de que el procedimiento por el que se concedían estas ayudas fue rebatido por la Intervención General de Hacienda en 2005. Este organismo emitió "varios informes" manifestando su disconformidad con el procedimiento administrativo seguido, a través de la transferencia de financiación a la explotación. Esta se hacía a través de organismos autónomos como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego reconvertido en la agencia IDEA, por "agilidad".

Los informes de la Intervención de Hacienda provocaron que se realizara en 2005 una auditoría específica de los expedientes. De manera aleatoria se analizaron un total de 20 y la conclusión fue que se consideró "correcto el resultado de la gestión pero no el del procedimiento". "No despertaron ninguna alarma", afirmó la consejera. Moreno aseguró que el informe de Hacienda no es vinculante. Y aunque admitió que se puede discutir si el procedimiento fue el más adecuado, "en modo alguno" eso lo convierte en irregular o ilícito.

Sí choca el hecho de que la advertencia de Hacienda cayera en saco roto. Según el Gobierno andaluz, la decisión de continuar con el procedimiento cuestionado fue una decisión "técnico política" adoptada por la dirección general de Empleo.

La Junta, que ha pedido personarse en el caso, ha solicitado a la Cámara de Cuentas que audite todas las ayudas a los ERE desde 2001 hasta ahora.