La Junta calcula en nueve millones el dinero cobrado por 72 intrusos

La Junta de Andalucía cerró ayer la investigación interna sobre los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos. Se trata de la cuarta y definitiva entrega de las pesquisas abiertas en la Consejería de Empleo desde que hace 47 días trascendieran las declaraciones del ex director general de Trabajo Javier Guerrero ante la policía judicial, en las que dijo que manejó un "fondo de reptiles" de 647 millones de euros para ayudas a empresas en crisis desde 2001 hasta 2009. Guerrero, que ocupó la dirección general durante nueve años con tres consejeros distintos, se retractó posteriormente, pero obligó a Empleo a revisar todos los expedientes en los que se está pagando pólizas de prejubilación.

El consejero de Empleo informó antes en Facebook de las pesquisas

En el primer capítulo, las irregularidades contabilizadas eran 37; en el segundo, 70; en el tercero, 146; y en el cuarto y último, 183. El consejero de Empleo, Manuel Recio, ofreció ayer los detalles completos de su investigación en un encuentro con periodistas, pero 20 minutos antes los había adelantado en su blog personal, en su cuenta en Facebook (a las 11.42) y en un tweet.

Recio tenía previsto entregar unos diplomas de un curso de formación y "antes de salir hacia el acto" informó de los "resultados definitivos" de las pesquisas internas a "todos aquellos" con los que comparte las redes sociales. El PP lo calificó de "quinceañero" y de "frivolidad" e Izquierda Unida lo llamó "friqui" por informar a través del Facebook. Recio les contestó a través de otro tweet. "Voy a seguir utilizando las redes sociales para transmitir información. Son las más directas y transparentes", escribió. La Consejería de Empleo no emitió un comunicado oficial con la información.

La investigación ha afectado a 5.982 trabajadores, de los que 5.799 (el 96,94%) perciben pólizas de prejubilación limpias. Se han hallado irregularidades en un total de 183 casos. Estos son de dos tipos. 72 son personas que nunca han trabajado en las empresas que están percibiendo las ayudas, son los que la Junta llama "ajenos" y que la prensa ha bautizado con los sobrenombres de intrusos o polizones. El dinero percibido indebidamente por estas personas asciende a unos nueve millones de euros, un 1,39% de los 647 millones del fondo, resaltó Recio

El otro grupo está formado por 111 trabajadores y presentan lo que Recio califica de "discordancias administrativas". Se trata de personas que sí han trabajado en las empresas subvencionadas con ERE, pero en cuya situación los funcionarios que han desempolvado los expedientes han detectado alguna anomalía. Todos los casos, con independencia de su casuística, han sido remitidos a la juez que investiga las presuntas irregularidades.

El número de empresas investigadas se eleva a 68: en 24 de ellas hay intrusos y en 18 hay discordancias administrativas.

Aunque el caso de los ERE está ya en la vía judicial, la Junta llamará a los 72 polizones para que expliquen su situación. Empleo ha parado el pago de estas pólizas y reclamará por la vía administrativa las cantidades cobradas indebidamente.