La Justicia tiene 730 investigaciones abiertas contra políticos por corrupción

Gürtel, Munar, Santa Coloma de Gramenet. La acumulación de casos de corrupción en España no para. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha revelado en el Congreso que en estos momentos la Justicia tramita 730 causas en las que se investiga a cargos públicos por corrupción. De estas, 264 son procedimientos penales contra representantes del PSOE y 200 contra miembros del PP. Conde-Pumpido ha explicado que la cifra puede ser engañosa y que la sombra de la corrupción tan sólo salpica a un 1% de los cargos públicos. Se trata de la primera vez que la Justicia difunde esta estadística por partidos.

Aparte de los casos contra representantes de los dos grandes partidos políticos, también hay 43 causas abiertas a los de Coalición Canaria, 30 de Convergencia i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Ezquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, 3 del PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.

"Como ven", ha dicho Conde-Pumpido durante su intervención en el Congreso, "hay de todo. En el Partido Popular, en el Partido Socialista y en otros partidos". El fiscal general ha defendido la actuación de los fiscales y ha explicado que no persiguen a los políticos en general sino a aquellos que son corruptos. También ha rechazado las acusaciones vertidas por algunos partidos de que la Justicia persigue a los políticos basándose en su afiliación.

Al final de su intervención, Conde-Pumpido ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad asegurando que la plaga de la corrupción no está tan extendida como se cree. Frente a los 66.000 concejales y alcaldes, además de los miembros de parlamentos autonómicos y órganos centrales del Estado, hay poco más de 700 investigaciones abiertas, lo que supone que indica que un 1% de los cargos públicos españoles están bajo sospecha.