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Juzgado el ex alcalde de Coll de Nargó por delito urbanístico

Además del ex edil convergente también están implicados cuatro concejales

El Juzgado de lo Penal número 2 de Lleida celebró ayer la vista oral por un presunto caso de corrupción urbanística en el que están implicados el ex alcalde convergente de Coll de Nargó (Alt Urgell), Josep Miquel Duró, de CiU, y cuatro concejales, dos de los cuales continúan en el consistorio. El fiscal pide para los acusados un año y tres meses de prisión por haber concedido una licencia para construir un edificio con casi cinco metros más altura de la permitida por la normativa vigente.

El presunto delito contra la ordenación del territorio se cometió a finales de 2005, cuando el anterior consistorio presidido por Duró votó en un pleno municipal a favor de conceder una licencia de obras para construir un edificio que consta de una planta baja para locales comerciales, tres para viviendas y una quinta bajo cubierta. El arquitecto y la secretaria municipal advirtieron a los ediles que la normativa sólo permitía tres plantas.

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Dos concejales de la oposición votaron en contra y presentaron un recurso, que a fecha de hoy no ha tenido respuesta. A finales de 2007, la Dirección General de Urbanismo, dependiente del Departamento de Política Territorial, advirtió al ayuntamiento de Coll de Nargó que la licencia era nula de pleno derecho y le instó a paralizar las obras. La misma resolución admitía un exceso de edificación de 2.364 metros cuadrados, la superficie correspondiente a 30 de las 65 viviendas construidas. El consistorio hizo caso omiso y continuó las obras.

Un crecimiento beneficioso para el pueblo

El ex alcalde manifestó en el juicio, a preguntas del fiscal del caso, que autorizó el edificio con más altura de la permitida porque suponía un crecimiento beneficioso para el pueblo y porque la licencia concedida se ajustaba a la normativa urbanística que en ese momento se estaba redactando y que a fecha de hoy aún no ha sido aprobada. Duran reconoció ser uno de los cinco propietarios del solar y que permutó su parte a cambio de una vivienda en el polémico edificio. Los inspectores de urbanismo detectaron otras irregularidades en la tramitación del expediente y concluyeron que la licencia no se debió otorgar.

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