Legislar a golpe de emociones

Recurrentemente saltan a los medios de comunicación noticias referidas a sucesos protagonizados por menores que suscitan el interés y dan lugar a un debate público, sesgado por lo emocional, que suele tener consecuencias para el ordenamiento jurídico a través de la modificación de las leyes (en particular la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores).

Ejemplo de esto es el caso, terrible, de la niña asesinada cruelmente por dos menores. De la repetición incansable por los medios de la noticia, con lo que tiene de lucha por el mercado de las audiencias de las distintas cadenas, queda en el ciudadano la idea de que vivimos en una sociedad insegura. Y esta es la primera falsedad.

Los datos no demuestran esa realidad que venden los medios, sino lo contrario. La delincuencia juvenil se encuentra en niveles inferiores a países de nuestro entorno y desde luego no justifican esa alarma social.

Otra consecuencia es el nuevo modelo de victimología que se abre paso en esta sociedad tan punitiva -todo se arregla con el derecho penal-. A las víctimas, en lugar de darles consuelo, solidaridad, apoyo afectivo y material, y reconocimiento de su sufrimiento, las colocamos en el eje de la política criminal, legislando a golpe de sus emociones, sin comprender que las reformas legales jamás serán suficientes para calmar su dolor y angustia.

Eso sí, conseguimos desfigurar los criterios legales que deben presidir nuestra legislación -en este caso la de menores- que hemos asumido a través de la evolución de nuestra sociedad democrática, dando pasos atrás en la humanización del derecho penal y olvidando valores como los del artículo 25.2 de la Constitución: la finalidad reeducativa y de reinserción de la pena.

Y no sólo eso. A través de esta posición enmascaramos el verdadero problema. La erradicación de la violencia sólo se combate eficazmente con políticas de igualdad en educación y en el reparto de la riqueza, así como dotando a todos los ciudadanos de iguales posibilidades de desarrollo, y aceptando que una sociedad libre comporta riesgos y éstos no pueden eludirse poniendo en cuestión una ética social y el compromiso de la libertad de sus ciudadanos, de sus derechos y de sus garantías.

Félix Pantoja fue fiscal jefe de Menores y es vocal del Poder Judicial