Locales de ocio pagaban mordidas de 18.000 euros a los funcionarios

Al menos 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid -el que más dinero maneja en España- y varios abogados, ingenieros y arquitectos ajenos al Consistorio fueron ayer interrogados por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de apertura de locales comerciales y de ocio. Los funcionarios, según la investigación, cobraban por cada gestión entre 3.000 y 18.000 euros, y conseguían que una licencia que tarda en concederse 18 meses se resolviera en 40 días, según la investigación.

El gobierno municipal, presidido por Alberto Ruiz-Gallardón (Partido Popular), asegura que ningún responsable político está implicado en la trama, que la operación no afecta a expedientes de operaciones urbanísticas ni recalificaciones de suelo sino sólo a licencias para abrir locales, y que el Ayuntamiento ha colaborado con el juez "desde el primer momento" de la investigación, que comenzó hace cinco meses. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, explicó que los implicados formaban "una mínima organización estable" y confirmó que no le constan "conexiones políticas".

Los rumores sobre el pago de comisiones al Ayuntamiento por parte de establecimientos de ocio en Madrid están a la orden del día desde hace años, pero hasta ahora sólo habían podido probarse casos aislados. La de ayer es la mayor operación contra este tipo de corrupción municipal desarrollada en la capital. "Decenas de locales", según fuentes de la investigación, han podido obtener sus licencias pagando comisiones a los miembros de la trama, que han actuado impunemente durante años.

El número dos de Ruiz-Gallardón, el vicealcalde Manuel Cobo, compareció a media mañana ante una sala de prensa abarrotada para explicar que el gobierno municipal ha estado al tanto de la investigación desde que, hace meses -"antes del verano"-, un particular denunció que, al ir a pedir una licencia para abrir un local en su barrio, alguien le había sugerido que los trámites se agilizarían si pagaba dinero a cambio. Así empezó la investigación, que ha desembocado ahora en una operación de la Guardia Civil con el elocuente nombre de Guateque.

Agentes del instituto armado entraron pasadas las nueve de la mañana en cinco dependencias del Ayuntamiento: las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente (que se encargan de la elaboración de informes previos a la concesión de licencias). Y tres juntas de distrito: las de Centro, Chamberí y San Blas (que son las que conceden o deniegan permisos). Fuentes conocedoras de la operación aseguran que "el meollo" de la trama está en la Concejalía de Medio Ambiente.

Los agentes se incautaron de un maletín y varias cajas de documentos, entraron en el disco duro de los ordenadores y registraron mesas, armarios y archivos. "No ha sido una operación por sorpresa ni contra el Ayuntamiento, estábamos al tanto y hemos facilitado todos los registros", insistió Cobo. La Guardia Civil entró asimismo en "domicilios particulares" y oficinas de empresas o personas supuestamente implicadas en la trama.

La operación, ordenada por Santiago Torres, titular del juzgado número 32 de Madrid, está bajo secreto de sumario. Por eso, Cobo no quiso concretar ni los nombres de los funcionarios afectados ni las cantidades manejadas en los sobornos. Los implicados lo están bajo la acusación de cohecho (soborno), prevaricación (hacer uso del cargo para dictar resoluciones injustas) y tráfico de influencias.

Cobo también quiso subrayar que la operación no tiene "absolutamente nada que ver" con la Operación Malaya desarrollada en Marbella contra la red de corrupción en la que estaba implicado la mayoría del gobierno municipal, ni con una de las principales implicadas en ese escándalo de corrupción urbanística, la abogada Montserrat Corulla, a quien el PSOE relacionó en la pasada campaña electoral con el alcalde Ruiz-Gallardón.