'Luigi' cobró más de ocho millones en comisiones
El sumario del caso Pretoria revela un perjuicio de 32 millones a tres ayuntamientos
Luis de Andres García Sáez, Luigi, el presunto cerebro de la trama del caso Pretoria, se pudo haber embolsado más de ocho millones de euros en comisiones por su intervención en tres operaciones urbanísticas en el área metropolitana de Barcelona.
Así consta en el sumario del caso, que revela también que los ex altos cargos de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra pudieron haber cobrado 637.590 euros cada uno por los mismos hechos. Ambos utilizaron sus influencias ante la Generalitat para favorecer a los empresarios que invirtieron en la operación. La investigación judicial revela que las recalificaciones de esos terrenos para usos distintos a los previstos, benefició a los intermediarios, no a los ayuntamientos, a los que se les produjo un perjuicio superior a los 32 millones de euros.
Entre esas empresas beneficiarias figura Proinosa y Espais, Josep Singla y Lluís Casamitjana, respectivamente, están imputados en el caso junto a los ya citados ex altos de CiU, Luigi, y cuatro personas más por los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública, fraude de subvenciones, falsedad en documento oficial y encubrimiento.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que fue instructor de la causa hasta la suspensión acordada por el Consejo General del Poder Judicial, se refiere a las mordidas que pudo cobrar Luigi en diversos autos dictados a finales del pasado mes de noviembre. En todos ellos asegura que mantiene unas "relaciones privilegiadas" con el que entonces era alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz (PSC), "de tal manera que interviene de forma decisiva en la toma de decisiones de trascendencia económica" de aquel ayuntamiento, de manera que "aconseja o decide" sobre las decisiones que se han de adoptar.
Las tres recalificaciones por las que Luigi pudo embolsarse 8.026.000 euros son la llamada Operación Pallaresa, en Santa Coloma de Gramenet, la Operación Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres y la Operación Badalona, en esa ciudad. La revalorización que no repercutió en los respectivos consistorios fue de 13, 14 y 5,3 millones de euros respectivamente.
