El Gobierno recusará a dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional

El Gobierno recusará hoy a dos magistrados del sector conservador del Tribunal Constitucional por entender que no pueden estudiar el recurso del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que prorroga automáticamente el mandato de la presidenta hasta la renovación del tribunal.

El Ejecutivo sostiene que Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata manifestaron en un escrito su oposición a la reforma incluso antes de que el PP hubiera presentado ante el tribunal el recurso de inconstitucionalidad, lo que les invalida para formar parte del Pleno que se encargará de dirimir el recurso.

La acción del Ejecutivo podría dejar el Pleno reducido a ocho magistrados; actualmente lo componen diez, porque la presidenta, María Emilia Casas (del sector progresista), y el vicepresidente, Guillermo Jiménez Sánchez (conservador), se abstuvieron de entender de un asunto que les concernía directamente, al depender de él su continuidad en los cargos que ostentan.

En ese Pleno de diez magistrados hay igualdad entre conservadores y progresistas, pero por edad su presidencia la ocupa Vicente Conde Martín de Hijas, conservador, que cuenta con voto de calidad en caso de empate.

Si la recusación del Gobierno prospera, el Pleno que decidirá sobre el recurso del PP estará compuesto por tres magistrados del sector conservador y cinco del sector progresista, lo que en principio facilitaría que fuera rechazado.

La batalla político-judicial desencadena en torno a la LOTC tiene como objetivo fundamental el control de este órgano, que en los próximos meses tendrá que decidir sobre media docena de estatutos de autonomía (entre ellos el catalán) y sobre otra media docena de leyes aprobadas por el Gobierno de Zapatero en los tres últimos años.

Zapatero y De la Vega defienden la medida

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comentado sobre la recusación desde Lisboa, después de participar en el Consejo Europeo, que se trata del ejercicio de un derecho "fundado en razones legales". "Quien ejerce su derecho ejerce su derecho", ha señalado lacónicamente el jefe del Ejecutivo español, que se ha remitido a las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros.

Tampoco De la Vega ha querido extenderse demasiado, aunque ha subrayado que el único objetivo de la medida es "garantizar y preservar la imparcialidad de los jueces". La vicepresidenta ha añadido que el Gobierno toma todas sus decisiones "de forma motivada y responsable" y que la recusación está respaldada tanto por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como por la del propio Tribunal Constitucional.