Madrid multa a los 'botellones' ruidosos con entre 300 y 750 euros desde hoy

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado esta mañana, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE e IU, la polémica Ordenanza contra el Ruido que, en palabras de la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, "apuesta por la convivencia" e introduce novedades como la regulación de alarmas, el uso de megafonía en la calle, la carga y descarga, la recogida de contenedores y las fiestas particulares, sin olvidar el botellón aunque no aparezca escrito como tal al no ser una expresión jurídica o académica. Las sanciones por hacer ruido en la calle mientras se bebe alcohol entre las 23.00 y las 7.00 son a partir de hoy de entre 300 y 750 euros. En el caso de que las multas se pongan a menores, los padres serán responsables subsidiarios.

El hecho de que sean los padres los que paguen ha llevado al concejal socialista Pedro Santín a anunciar que su grupo recurrirá la Ordenanza. Santín ha dedicado todo tipo de elogios a esta ordenanza, que considera "técnicamente muy mala", "innecesaria", "oportunista en términos políticos", "arbitraria", porque permite imponer 750 euros de multa "a ojo", "fisgona", porque prohíbe el baile en el interior de las viviendas cuando se supera el ruido permitido, "incoherente", "recaudatoria", "permisiva" porque eleva los niveles máximos de ruido y "además ilegal". El edil critica que muchos artículos no estipulan los límites máximos que no se pueden superar, sino que utiliza términos como "gritar", "vociferar" o "niveles tolerables" sin definir dichos términos. "Las multas se pondrán a ojo... o a oído del funcionario, pero el ruido es medible y, por tanto, objetivo", ha recordado.

Botella ha contestado a los socialistas que están en su derecho de recurrir la ordenanza, pero que "tiene todos los informes necesarios" y "está basada en dos leyes, la Ley del Ruido y la Ley de Bases de Régimen Local, que otorga al Ayuntamiento la potestad sancionadora hasta 3.000 euros". Además de PSOE e IU, las asociaciones de vecinos del centro también rechazan esta regulación.

Al margen del botellón, la norma establece zonas de especial protección, como el entorno de asilos o centros sanitarios, contempla áreas de protección acústica e incluye un catálogo de locales de música en vivo que tendrán un "tratamiento transitorio" hasta que haya una regulación específica para este "patrimonio cultural". En cuanto a la música callejera, el aspecto que más críticas ha suscitado junto con el botellón, se prohíben todas las actuaciones con amplificadores o percusión y se permiten todas las demás sin licencia previa, en contra de lo que se había anunciado previamente -el texto se modificó tras aceptar el PP algunas de las enmiendas de IU-. Tampoco serán confiscados los instrumentos musicales de los infractores, como se pretendía al principio.

Botella: "Es más liberal"

El PSOE critica la discrecionalidad en su interpretación ya que puede darse el caso de que un acordeón o una trompeta sí estarán permitidos en la calle pero una guitarra eléctrica no. Para Botella, esta ordenanza es "más liberal" que la anterior, puesto que autoriza la música en toda la ciudad excepto la que utilice instrumentos de percusión y elementos de amplificación, "cosa que está prohibida en la mayoría de las ciudades", y además no se incautarán los instrumentos a lo músicos callejeros. Por su parte, la concejal de IU Raquel López ha agradecido el intento de diálogo y consenso del equipo de Gobierno pero no cree que ataje "el problema de raíz, el verdadero problema: el coche", fuente del "90% del ruido". "Es extraño que en 2004 las multas a los coches ruidosos llegaban a los 30.000 euros y ahora se rebaja a 600, mientras nos inventamos multas de convivencia de hasta 3.000", ha reprochado.

Otro factor que, a juicio de la edil, no se ha tenido en cuenta es la ley antitabaco, que echa a los ciudadanos de los bares a la calle para fumar, exponiéndoles a la posibilidad de ser multados por "hablar con el de al lado" -desde que entró en vigor la ley, han aumentado un 16% las quejas por ruido en la capital-. Además ha criticado el régimen sancionador "muy, muy conservador", que castiga por ejemplo con 750 euros cantar flamenco con micrófono y con 90 tocar el claxon continuamente, y eso es "sancionar a los ciudadanos por vivir en la calle". También considera "muy grave" que a través de la ordenanza se "coarte" la libertad de reunión, ya que establece que partidos y asociaciones también tienen que pedir autorización con un mes de antelación para sus actos, cuando a la Delegación de Gobierno sólo hay que comunicarlo con 10 días.

La ordenanza fue aprobada el 5 de enero por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento y el pasado día 15 por la comisión municipal de Medio Ambiente, con los votos del PP, el rechazo del PSOE y la abstención de IU, tras ser rechazadas 54 de las 66 enmiendas. Esta normativa, que sustituye a la vigente desde 2004 y adapta la legislación estatal en esta materia, prohíbe expresamente también el desarrollo de las actividades recreativas y espectáculos públicos en los que exista música en la vía pública a una distancia inferior a 150 metros de los centros socio-sanitarios -centros de mayores, residencias, centros sanitarios y en centros docentes si el acto se desarrolla en horario escolar-. Asimismo, regula cuestiones tan diversas como las alarmas, el uso de megafonía en las calles, obras, carga y descarga de mercancías, recogidas de contenedores de residuos o fiestas particulares. También clarifica la definición de espacios privados y públicos y las normas que se aplican en cada uno. Así, se aplica ordenanza a los espacios de propiedad privada que tienen un uso público y que están abiertos -como algunos callejones o jardines de algunas casas- , pero no a las viviendas particulares y otros locales cerrados, en los que rige una normativa general que obliga a aislar acústicamente dichos espacios.