Madrid negocia con Londres cooperar en el control de las aguas en Gibraltar

El pasado 10 de abril, una patrullera de la Guardia Civil que perseguía a un presunto contrabandista hasta la bocana del puerto de Gibraltar se dio de bruces con una embarcación de la Royal Navy, que le instó a alejarse. El 8 de mayo, el buque de la Armada Tarifa, que inspeccionaba a un pesquero español al este del Peñón, fue conminado a abandonar la zona por la Royal Gibraltar Police. Un incidente similar se produjo el 22 de mayo con otra patrullera de la Guardia Civil en las inmediaciones de La Caleta, al este del Peñón.

No es la primera vez que el Foreign Office se queja al Ministerio de Asuntos Exteriores español por lo que considera una invasión de las aguas británicas, cuyo límite sitúa a tres millas al este y al sur del Peñón y hasta la mitad de la Bahía de Algeciras. La respuesta española es siempre la misma: el Tratado de Utrecht (1713), por el que se cedió el Peñón a la corona británica, no reconoce más aguas territoriales que las interiores del puerto.

Los contrabandistas deben estar satisfechos. Algunos consiguen escapar mientras españoles y británicos disputan por la soberanía de las aguas. Pero la fauna y la flora de la zona, un ecosistema tan frágil como valioso, se lleva la peor parte.

En octubre pasado, el carguero liberiano Fedra embarrancó junto a Punta Europa, en el extremo meridional del Peñón, en medio de un fuerte temporal. Aunque los remolcadores de Salvamento Marítimo acudieron al rescate, las autoridades gibraltareñas dieron prioridad a sus propios medios. El buque, a la deriva, acabó estrellado contra las rocas y partido en dos cerca de donde sigue el pecio de New Flame, hundido en agosto de 2007 con miles de toneladas de chatarra.

La ineficacia para preservar el ecosistema marino contrasta con la diligencia mostrada a la hora de obtener títulos de soberanía. En 2006, cuando la Comisión Europea publicó su primera lista de Lugares de Interés Comunitario (LIC) del Mediterráneo -es decir, zonas que por su valor ecológico merecen formar parte de la red Natura 2000- el Reino Unido se apresuró a inscribir dos áreas de Gibraltar: una terrestre, Rock of Gibraltar, con una superficie de 200,52 hectáreas, en suelo del Peñón; y otra marítima, Southern Waters of Gibraltar, de 5,486,5 hectáreas, casi coincidente con lo que Gibraltar reivindica como aguas territoriales. España no impidió la maniobra, pero presentó una reserva en la que hacía constar que considera suyas esas aguas.

En la lista de 2003 no figuraba ningún LIC español, pero en la aprobada el pasado 28 de diciembre por la Comisión aparece ya un millar. Uno de ellos, denominado Estrecho Oriental, ocupa 23.641,82 hectáreas alrededor del Peñón y engloba dentro de sí el LIC marítimo gibraltareño. Es decir, que dos países se declaran responsables ante la UE de proteger el mismo espacio geográfico.

El Gobierno gibraltareño ha montado en cólera contra la Comisión y ha presentado un recurso ante el Tribunal de las Comunidades Europeas. Ante la falta de precedentes, la Comisión ha sugerido a ambos países que busquen un acuerdo amistoso.

También el Gobierno español, según fuentes diplomáticas, es partidario de un pacto que aparque la disputa sobre la soberanía y se centre en la colaboración práctica. "Se trata de que, ante el riesgo de catástrofe ecológica, acudan todos los medios disponibles sin preocuparse de quién pone la bandera", alegan.

Acordar un protocolo de cooperación de materia de medio ambiente -con un mecanismo de alerta temprana- tiene dificultades, pero es mucho más sencillo que colaborar en la lucha contra el contrabando y otras formas de criminalidad.

Pese a los últimos incidentes, fuentes diplomáticas sostienen que ya funciona un canal de comunicación informal. Cuando una patrullera de la Guardia Civil ve que una embarcación sospechosa se dirige hacia el Peñón, lo comunica a la comandancia de Algeciras y ésta avisa a la policía gibraltareña. El objetivo es institucionalizar este mecanismo de forma que ningún delincuente se escape por las costuras que deja la disputa soberanista. España tiene ya acuerdos de cooperación con Francia y Portugal, que permite a sus policías la persecución en caliente al otro lado de la frontera, sin que nadie lo considere una invasión.

En este caso, la susceptibilidad lo enreda todo. Falta por acordar, por ejemplo, quién es el juez competente para enjuiciar a los detenidos en aguas en disputa. Entregar a las autoridades gibraltareñas a los capturados fuera del puerto podría entenderse como un reconocimiento tácito de su jurisdicción sobre aguas que España considera propias.