Madrid propone que el IBI se integre en el IRPF para ligarlo a la capacidad económica

El Ayuntamiento de Madrid estudia solicitar al Estado una modificación legal que permita la integración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el IRPF con el fin de que su cuantía se adecue a la capacidad económica, el nivel de ingresos y las circunstancias personales y familiares. Lo ha anunciado el delegado de Hacienda, Juan Bravo, en el debate en el pleno municipal de una proposición del PSOE para suspender la revisión catastral, que a juicio de los socialistas provocará un catastrazo. Al Consistorio no le gusta el IBI "tal y como está configurado" y considera que que los ayuntamientos no deben seguir aplicando "pasivamente" este impuesto. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ya pidió en la campaña electoral al Gobierno que modificara la tasa para crear un "IBI social". Tras los comicios, el Ayuntamiento anunció que el IBI subirá una media del 5,7% anual durante los próximos 10 años por la revisión catastral.

Bravo ha matizado que no se trata de establecer ningún recargo en el IRPF, sino de incorporar a este impuesto un importe de renta equivalente a la cuota que representaría el IBI. A su juicio, esta propuesta podría articularse, por ejemplo, mediante la imputación de una renta teórica para todos los inmuebles, adicional a la que hoy se aplica exclusivamente en el IRPF a los inmuebles no arrendados y que no sea la vivienda habitual (el 1,1% sobre el valor catastral actual). De esta forma, todos los inmuebles de un determinado contribuyente generarían una imputación de renta teórica en el IRPF aplicando el porcentaje de imputación que decidiera el municipio (entre un mínimo y un máximo) sobre el valor catastral del inmueble, por lo que la colaboración de la Dirección General del Catastro seguiría siendo fundamental.

Esa renta teórica de cada inmueble podría ser gravada, por ejemplo, al tipo medio del IRPF del contribuyente y el importe resultante iría destinado en su integridad al municipio correspondiente o, si se prefiere, se podría gravar con una tarifa especial. El Ayuntamiento de Madrid ve en esta propuesta varias ventajas, entre ellas que el IBI se pagaría vía retención para las personas físicas con rendimientos del trabajo personal, es decir, en 12 mensualidades y que se ahorrarían costes de gestión, por ejemplo la emisión de millones de recibos anuales. También que habría mayores facilidades de pago para el ciudadano, que se mejoraría la tesorería mensual de los municipios y que disminuiría la presión fiscal indirecta vía notificaciones, reclamaciones y recursos. El desarrollo de esta propuesta, que Bravo considera "muy difícil" trasladar a las personas jurídicas a través del Impuesto de Sociedades, se realizará de forma pormenorizada en las próximas semanas.

Frente a esta idea del Gobierno local, UPyD ha pedido al PP que baje el tipo impositivo del IBI para compensar la revisión del valor catastral y, PSM, que se retire la petición de revisión catastral al entender que "la presión fiscal sobre el ciudadano ya es excesivamente elevada". Ambas propuestas han sido rechazadas con los votos del PP. Según Bravo, la mayor parte de los ingresos municipales provienen de los impuestos, ve "razonable" la subida del 74%, y añade: "La ley no permite bonificaciones, pero si podemos articular vía gasto una línea de subvención para compensar los casos de menos renta". "Estamos trabajando en un sistema con dinámica similar a la tasa de basura a partir del próximo año. Es un parche, pero es lo único que podemos hacer y vamos a hacer", ha agregado.

Previamente, el pleno, que ha comenzado con la primera minisesión de control a Gallardón, ha aprobado por unanimidad una proposición de Izquierda Unida en la que se pide al Gobierno que "ponga en marcha un nuevo modelo de financiación local" y al Gobierno regional que convoque la comisión sectorial especial prevista en la Ley de Desarrollo del Pacto Local para "delimitar las competencias" del Ejecutivo regional y del Consistorio. La novedad es que el grupo municipal socialista ha respaldado la medida, rompiendo así la tendencia de la pasada legislatura, en la que la única iniciativa que respaldó en este sentido fue para reclamar a la Comunidad una participación en la mejora de su financiación derivada de la nueva normativa de financiación autonómica.

En su intervención, el portavoz de IU, Ángel Pérez, ha sostenido que "el debate de la deuda -que asciende a 7.008 millones de euros- es del pasado, solo hay que pagarla". Lo importante, a su juicio, es que "es consecuencia de una financiación que no es democrática" en lo que se refiere a los ayuntamientos. Por culpa de este sistema, los ayuntamientos "tienen ahora una deuda contraída al pagar unas competencias que no son suyas". "Queremos saneamiento real pero no a base de recortes. Queremos una nueva financiación porque si no las amortizaciones de la deuda se harán con recortes y no con ahorro, y lo pagaran los servicios", ha subrayado Pérez.

"La distribución de competencias y recursos", necesaria tanto respecto al Gobierno regional como al Estado, corregirá según IU "el enorme gasto de los servicios impropios". Con esta reforma, ha precisado en su exposición de la moción, "se daría un primer paso para ser más eficaces y avanzar en la calidad de los servicios públicos". Para respaldar su exigencia, IU ha defendido que "Madrid es la capital y escaparate del estado, que funcione es bueno para el conjunto del estado". No se trata de "un debate de agravios comparativos, como otras comunidades", sino de que "Madrid tiene más que ver con una financiación autonómica y no con financiación local". Otra razón para un cambio es que Madrid "es una ciudad solidaria que aporta mucho a la Hacienda publica". "No hay situación idéntica a la de Madrid, es la más acuciante y deberíamos unir todas las voces", ha pedido Pérez antes de dar paso a las intervenciones del resto de grupos.

El delegado de Hacienda le ha contestado que "sin ninguna reserva" está "de acuerdo de principio a fin". "Si estuviera sentado a mi derecha, habría respaldado plan [en referencia a los planes Económico Financiero y de Saneamiento aprobados por el Consistorio], un plan que a mi tampoco me gusta, al Gobierno tampoco, pero tenemos las reglas de juego que tenemos ahora, aunque nos cambian las reglas cada dos por tres y a peor", se ha quejado Bravo para anunciar que el Consistorio volverá a aprobar, previsiblemente el mes que viene, sus planes tras el anuncio del presidente del Gobierno de poner en marcha una línea de crédito ICO para las entidades locales. "Arrastramos un problema de financiación crónico desde los años setenta, que se ha agudizado en los últimos tres años", ha relatado Bravo.

"Votaremos a favor", ha anunciado por su parte el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky. "El nuevo modelo de financiación lo tenemos que hacer entre todos, sin volver al aburrido camino de las descalificaciones sobre el pasado", ha declarado, para vaticinar que "será lento", pero que, mientras, se pueden "tomar otras medidas". "Usted dice que no va a ser ni sencillo ni rápido. Llevamos ocho años esperando", le ha echado en cara Bravo a Lissavetzky. para rematar con que "las comunidades no han tenido que esperar para tener más recursos". "Mucho me temo que dentro de cuatro años seguiremos debatiéndolo aún porque la situación en la que se va a encontrar el PP previsiblemente en unos meses es mucho peor de lo que nos podemos imaginar", ha añadido.