El Manifiesto

Con el respaldo inicial de un grupo de destacados intelectuales y el posterior de cientos de miles de firmas, Fernando Savater ha hecho público un manifiesto sobre la paradójica situación en que se encuentra el español (o el castellano) ante la presión desarrollada desde hace una década sobre su presencia institucional en las "nacionalidades históricas". Amén de su vocación de incidir sobre el legislador, el escrito, como todos los del filósofo, presenta argumentos y conclusiones con voluntad de rigor, y por consiguiente debiera servir para poner en marcha un debate ilustrado sobre un problema que está ahí. Pero a la vista de lo sucedido, existen pocas posibilidades de que ello tenga lugar. De un lado, un nutrido grupo de entusiastas, individuos, medios y organizaciones, ha optado por servirse del manifiesto a modo de ariete para la enésima descalificación del Gobierno, ofreciendo así un estupendo pretexto para que en respuesta el alegato sea satanizado en cuanto instrumento de la derecha. Así, en estas mismas páginas, un columnista ha aludido a su papel de "versión castiza de los Protocolos de Sión". En círculos culturales próximos al Gobierno, la consigna fue no entrar en el fondo, alabar de pasada las políticas lingüísticas según el patrón catalán y, como conclusión, denunciar sin más "la endeblez" o "los errores" del manifiesto. Zapatero y la vicepresidenta pusieron la guinda, con su habitual receptividad ante las críticas: el manifiesto de defensa de la lengua es la Constitución y plantear ahora el problema del español equivale -en sentido reaccionario, claro- a la pasada exaltación popular de la bandera.

Acierta el presidente al mencionar la Constitución, porque en una manipulación torticera de las referencias en la ley fundamental a "la lengua oficial del Estado" y a las otras lenguas se encuentra la raíz del proceso mediante el cual la primacía legal de la primera ha sido subvertida desde los nacionalismos, colocando por delante "la lengua propia". La política lingüística se ha convertido, con creciente intensidad, en instrumento de la política sin más de signo nacionalista. Y para comprobarlo, dejémonos de falacias sobre las virtudes de un bilingüismo asimétrico en el cual ni sus propagandistas creen. En ningún país europeo la promoción de una lengua regional o nacional minoritaria tiene lugar partiendo de la "inmersión" en zonas donde la única lengua hablada hasta entonces era la nacional de Estado. En ningún país europeo son promulgadas normas que, hasta ahora en Cataluña, pronto en Euskadi, llevan a multar con reiteración y eficacia a quien prefiera rotular su negocio en la lengua "oficial", si no incluye la "propia". En ningún país europeo, si yo soy ciudadano residente en Madrid, y como tal trato con una Administración (ejemplo Baleares) que tiene en vigor el bilingüismo, recibo las comunicaciones exclusivamente en catalán. Si lo entiendo, que es el caso, bien; si no, busquemos el traductor. Absurdo.

Todo esto no responde a la voluntad de consolidar sociedades bilingües, sino a relegar el castellano a una posición subalterna, paso previo para proceder en los discursos independentistas a su exclusión de la esfera oficial, como debieran saber el Gobierno y sus intelectuales si hacen el esfuerzo de leer la prensa, y reflexionar luego sin someterse a las consignas tan miopes como autoritarias de ZP. ¿Es ello deseable, salvo para garantizar al PSOE una franja de votos nacionalistas? Dudoso. Como en el caso de las selecciones deportivas, se trata de utilizar aspectos culturales y simbólicos para generar, unos conscientemente, otros, los socialistas, por seguidismo, una quiebra en los equilibrios trabajosamente conseguidos durante la Transición. La normalización lingüística en Cataluña es hoy un hecho, y basta para constatarlo recorrer el país y leer las estadísticas. En Euskadi, el obstáculo es endógeno, el imposible euskera, y en Galicia, la recuperación del gallego avanza. El español gozará de buena salud en el mundo, pero no en las universidades catalanas. ¿Por qué renunciar a la vía de la promoción en vez de potenciar de forma larvada la lucha de idiomas, que no otra cosa muestra la resistencia numantina a la tercera hora del castellano? Claro que no se ha conseguido que los catalanes prefieran leer Avui a La Vanguardia: aquí y en otros sectores, cuestión de calidad y de libertad de elección a respetar.

¿Por qué no pensar en una España plural donde se hable y escriba en catalán, gallego y euskera, al mismo tiempo que en castellano, en papel de denominador común, sin hacer del idioma a costa de los ciudadanos el as en la manga al servicio de los independentismos o de oportunistas en busca de votos? En el marco de la Constitución, el tema merece un tratamiento técnico, no político, ni de políticos disfrazados de lingüistas.