Meyer: "El Gobierno retrocedería a 1985 si limita la justicia universal"

Dos causas abiertas por crímenes en el Tíbet; otra por la matanza de hutus en Ruanda, una contra un ex presidente salvadoreño en relación a la muerte de seis jesuitas en 1989; una orden de detención contra el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por el genocidio maya, y la última, una investigación contra siete mandos israelíes por la muerte en 2002 de 14 civiles palestinos de Gaza. Los numerosos frentes abiertos en la Audiencia Nacional en aplicación del principio de justicia universal han motivado que el Gobierno empiece a pensar en intervenir. Primero lo aseguró la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, tras admitir a trámite el juez Fernando Andreu la querella contra su compañero en el Gobierno, el ministro Benjamín Ben Eliezer. Más tarde, la secretaria de Organización del PSOE Leire Patín reconoció que se estudian modificaciones puntuales. "España dejaría de jugar un papel internacional en la justicia universal" manifiesta el eurodiputado y responsable de Relaciones Internacionales de IU, Will Meyer.

Su formación será acusación popular en el proceso abierto por Andreu a instancias de la querella presentada por el Centro Palestino de Derechos Humanos. Meyer critica que sea ahora, en una causa que investiga a un miembro del Ejecutivo israelí (Eliezer, ex titular de Defensa, es hoy ministro de Infraestructura), cuando se quiere modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): "Si en otras ocasiones ha sido útil como en los procesos de Chile contra Pinochet o Argentina contra el Scilingo...".

"Hechos fuera del territorio"

El artículo 23 de la LOPJ establece que "será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como algunos de los siguientes delitos: (...). Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España". El eurodiputado explica que el bombardeo israelí el 22 de julio de 2002 contra el dirigente de Hamás Salah Shehadeh, que a la postre causó la muerte de 14 civiles, "fue una violación flagrante de derecho humanitario e internacional" en la "cárcel más grande del mundo: Gaza".

El responsable de Relaciones Internacionales de la coalición recuerda que la LOPJ define ya en 1985 el principio de justicia universal, avalado en 1998 por la Audiencia Nacional y los procesos de Chile y Argentina, y el Tribunal Constitucional, a pesar de los problemas de jurisdicción expuestos por el Supremo. "Que se modifique [el principio de justicia universal] por una petición de Israel sería violentando la jurisprudencia y todas las actuaciones contra los genocidios en América Latina. "Es una vuelta atrás inadmisible. El Gobierno retrocedería a 1985", ha criticado Meyer.

"Abusos" de la ley

Entre las últimas voces que desde el Gobierno han criticado hoy el proceso de Andreu está la del número dos de la Embajada española en Israel, Juan González Barba, quien ha manifestado que se han producido "abusos" de la reforma, informa Efe. "Lo que ha ocurrido -ha añadido González Barba- es que esta legislación ha registrado abusos por grupos de todo el mundo desde que entró en vigor".

Meyer, que mantiene que su acusación intentará que el juez investigue también la última incursión israelí en Gaza, advierte de que si el Ejecutivo sigue adelante echará por tierra lo más "novedoso" y "progresista" de la jurisdicción española.