Mínimo de 33.000 euros brutos para inmigrantes cualificados

33.000 euros brutos al año. Ese será el salario mínimo que un inmigrante de los denominados cualificados tendrán que recibir para ser contratado en alguno de los países de la Unión Europea. Los Veintisiete han llegado este jueves a un principio de acuerdo en torno a la directiva europea para trabajadores cualificados o blue card. A falta del informe del Parlamento Europeo, se prevé que la directiva no sea aprobada definitivamente hasta enero de 2009. A partir de entonces, cada país tendrá dos años para transponerla a su ordenamiento jurídico.

Precisamente es 2011 el límite que ha fijado la República Checa para que la directiva entre en vigor de cara a que sus trabajadores no sean perjudicados por la entrada de inmigrantes extracomunitarios. Esta fecha tendrá que ser fijada antes de su aprobación.

Junto al límite salarial, la blue card marca otros dos criterios de obligado cumplimiento para la contratación de inmigrantes cualificados: presentar un oferta de trabajo y documentar la formación académica. Además, España ha conseguido introducir en el texto una condición según la que sólo se podrá formalizar la contratación en el caso de que el país emisor no sufra deficiencias en el sector laboral del inmigrante objeto del acuerdo. Es decir, un país con problemas para encontrar personal sanitario para su sistema de salud no podrá exportar a la UE médicos.

Luz verde al Pacto de la Inmigración

También este jueves, los ministros del Interior de la UE han aprobado formalmente el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la presidencia francesa, cuyo objetivo es endurecer la lucha contra la inmigración ilegal y promover la inmigración legal y la integración, según informaron fuentes diplomáticas. El Pacto, que ya recibió el visto bueno de los Veintisiete en una reunión informal celebrada en la localidad de Cannes el pasado mes de julio, todavía debe ser ratificado en la cumbre que celebrarán en octubre los jefes de Estado y de Gobierno, informa Europa Press.

España, que estuvo representada en la reunión por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se encuentra satisfecha con esta iniciativa porque ha participado en su redacción desde el inicio y porque el Gobierno de París ha suprimido las dos cuestiones que más le incomodaban: la referencia a un contrato de integración para los inmigrantes y la intención de prohibir prácticamente las regularizaciones masivas.

Desde que se discutió en julio sólo se han introducido dos modificaciones. En primer lugar, y a petición de Malta, se prevé para los Estados miembros sometidos a una fuerte presión migratoria un mecanismo voluntario de reparto de los peticionarios de asilo. En segundo lugar, y a petición de Dinamarca, se lanza una advertncia para reforzar la vigilancia sobre los matrimonios de conveniencia. Ello responde a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que un cónyuge no europeo de un ciudadano de la UE puede residir en cualquier Estado miembro.

El Pacto europeo pide a los Estados miembros limitarse a las regularizaciones "caso por caso y no generales, en el marco de las legislaciones nacionales por motivos humanitarios y económicos". Además, invita a los países de la UE a poner en marcha "políticas ambiciosas para favorecer la integración armónica en sus países de acogida de los inmigrantes, con la perspectiva de que se instalen de manera duradera". Estas políticas, deben descansar en el equilibrio de los "derechos" de los inmigrantes, como el acceso a la educación, al trabajo, la seguridad y a los servicios públicos y sociales, y de sus "deberes", entre los que menciona el respeto a "las leyes del país de acogida".

Integración de los inmigrantes

Comporta también medidas específicas para favorecer "el aprendizaje de la lengua y el acceso al empleo, factores esenciales de la integración" y pondrán igualmente el acento en el respeto a las "identidades" de los Estados miembros de la UE, así como a sus "valores fundamentales", como los derechos humanos, la libertad de opinión, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y la obligación de escolarizar a sus hijos. Respecto a la reagrupación familiar, se pretende que los Estados tengan en cuenta sus capacidades de acogida e integración respecto a las familias, en función de los recursos de éstas, de sus posibildades de alojamiento en el país de destino y, por ejemplo, su conocimiento de la lengua.