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La financiación autonómica

Montilla advierte al Gobierno que el acuerdo de financiación está "lejos"

La Generalitat catalana pide más garantías de que el modelo cumpla el Estatuto

Cataluña, la primera comunidad autónoma en pasar por La Moncloa para acelerar las negociaciones sobre el modelo de financiación autonómica, es también la que menos conforme está con lo planteado hasta la fecha por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Es la más exigente o la que, al menos, propone un cambio más radical del actual sistema. Por eso, y a pesar de las optimistas declaraciones de varios dirigentes del PSOE, el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, advirtió el miércoles de que se está "lejos" de alcanzar un acuerdo y que en los términos actuales "no habrá acuerdo". El presidente de la Generalitat, José Montilla, se pronunció el mismo día en términos muy parecidos: "No está cerrado, no está todo hecho".

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Tanto Montilla como Castells salieron moderadamente satisfechos del almuerzo del sábado con Zapatero. "Se han producido avances y eso es bueno. Pero todavía hay serias discrepancias. Aún queda mucha tela que cortar", dijeron fuentes de la Generalitat. Un buen indicador es lo bien que ha caído la propuesta en Galicia, Extremadura y Asturias. No por el hecho en sí, sino porque los intereses que defienden ambas orillas son contrapuestos en sus términos iniciales: si es bueno para unos, no lo es para otros, y viceversa. Contentar a todos es un sudoku imposible de resolver.

Lo que la Generalitat ve con buenos ojos es que el Gobierno acepte, por primera vez, hablar de nivelación parcial, es decir, de acotar la solidaridad. Supone un cambio formidable y se garantiza a todas las autonomías los mismos recursos por habitante para sanidad, educación y servicios sociales básicos del Estado del bienestar. Es la propuesta catalana recogida en el Estatut. Cataluña estima que se debería redistribuir, como máximo, el 75% del dinero que adjudica el modelo y el Gobierno, más del 80%. Ése no es un escollo insalvable, aseguran fuentes del Gobierno catalán.

Lo que hace la negociación más peliaguda es, en primer lugar, que Cataluña, con un argumento que comparten Madrid, Valencia y Baleares, quiere que en la población se tenga en cuenta el peso de la inmigración; Andalucía, la población en edad escolar y las comunidades del noroeste, que en el ajuste se tenga más en cuenta el envejecimiento o la dispersión territorial.

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El segundo gran escollo es cómo repartir el dinero restante (ese 25% o menos). Según fuentes gubernamentales y de los gobiernos regionales, la intención del Gobierno es compensar a las comunidades menos dinámicas. El resultado final llevaría a una convergencia en recursos por habitante, pero no hasta el punto de que las más pobladas y dinámicas se pusieran por delante. Y eso es lo que no agrada a Cataluña, que lo interpreta como "un gran cambio para que todo siga igual".

Una de las "distorsiones" del modelo actual, reconocida por el propio vicepresidente Pedro Solbes es que las comunidades menos dinámicas capten más recursos por habitantes que las autonomías que generan más impuestos por su mayor actividad económica. Extremadura recibe unos 2.500 euros por habitante y Cataluña, unos 1.900; con el nuevo modelo, la segunda obtiene un aumento mayor, pero la primera sigue teniendo más recursos, explican fuentes de los ejecutivos andaluz y catalán. "Los planteamientos todavía no son nada coincidentes", insistió Castells el miércoles.

En el peor de los casos para Cataluña, Montilla sólo podría aceptar pactar, según fuentes cercanas al Gobierno catalán, si el Ejecutivo pone mucho dinero extra encima de la mesa: cuanto más recursos, más financiación por habitante.

Para Castells, la cifra que reclama CiU, 5.630 millones de euros de ganancia para Cataluña, es una quimera y no tiene credibilidad. Es, de hecho, el sexto cálculo que la federación nacionalista pone encima de la mesa. Para el consejero, el gran objetivo de CiU es "atacar y poner las cosas difíciles a la Generalitat".

El PSC se ha volcado estos días en dar a entender que, si bien el acuerdo definitivo está lejos, éste puede ser una realidad en enero. También ha modulado sus amenazas de romper su actual relación con el PSOE. El viceprimer secretario del PSC, Miquel Iceta, destacó la implicación de Zapatero en las negociaciones y los avances que ha conllevado y evitó repetir en este foro cualquier amenaza.

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