Montilla y Mas fijan un punto de partida para construir la ley electoral

La ley electoral catalana parece estar más cerca. Tras treinta años de silencio y siendo la única comunidad que no tiene norma electoral propia, los dos grandes partidos catalanes, CiU y PSC, están dispuestos a trabajar juntos para tener la nueva ley antes de agotar la legislatura. Después de la sesión de control al Gobierno catalán de esta tarde, el presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, y el líder de la oposición, el presidente de CiU, Artur Mas, han mantenido una conversación informal en los pasillos de la Cámara para acordar ir de la mano en lo que se refiere a las nuevas medidas anticorrupción y a la ley ley electoral.

No han entrado en detalles, aunque durante el debate parlamentario han dejado ver que una buena plataforma sería el modelo electoral alemán, en el que los ciudadanos emiten dos votos (uno por lista y el otro unipersonal). Se trata de un punto de partida para empezar a vestir una propuesta que sea lo más cómoda posible para todos los partidos. El Estatuto catalán marca que la norma electoral debe ser refrendada por dos tercios de la Cámara catalana.

Esta cuestión ha saltado a primer plano de la política catalana a raíz del discurso del presidente de la Generalitat, José Montilla, ante los diputados del PSC, a los que ha pedido que se pongan a trabajar para tener lista la ley esta legislatura.

"Espero que seamos capaces de avanzar y llegar a un acuerdo", ha dicho Montilla horas antes en declaraciones a TV3. El presidente, sin embargo, ha puesto límites a la reforma. No quiere listas abiertas, ha dicho, porque ello podría dar alas a que el candidato elegido sea el del grupo de presión más influyente o el más mediático.

La recuperación del compromiso de redactar una ley electoral catalana en un momento de máxima tensión entre los partidos por los casos de corrupción del Palau de la Música y de Santa Coloma de Gramenet genera más dudas que certezas. En los pasillos del Parlament, donde hoy se celebra pleno, todos los grupos han expresado las dificultades que conllevará abordar ahora la ley. La más importante es que la redacción del texto requerirá el apoyo de los dos tercios de los diputados, algo que obliga a un acuerdo de los dos grandes grupos de la cámara, CiU y PSC.

Convergència i Unió no ha querido aparecer como el gran impedimento para aprobar la ley a pesar de que sería uno de los grupos más perjudicados si se aprobara una ley que tendiera a quitar los privilegios de las zonas rurales, sobrerepresentadas en el Parlament. Por esta razón el portavoz de CiU, Oriol Pujol, ha dicho que se piensan implicar a fondo en la ponencia que el 20 de noviembre comenzará a trabajar en el redactado, pero ya ha avanzado que no tolerarán que se prescinda del "imaginario" que a su parecer son las zonas menos pobladas de Cataluña como el Pirineo o las Tierras del Ebro. Pujol ha hecho especial hincapié en las diferentes voces del PSC que dudan de la posiblidad de aprobar ahora una ley electoral por la proximidad de las elecciones autonómicas.

La diputada del PSC, Carme Figueras, ha recogido el guante lanzado por Montilla y ha dicho que el partido trabajará duro para conseguir el acuerdo, pero ha recordado con un punto de pesimismo los problemas que históricamente ha puesto CiU a cualquier reforma. El PSC tendrá que lidiar con otro problema: los diputados de su grupo pertenecientes a la plataforma Ciutadans pel Canvi impulsan por su cuenta una reforma legal mucho más ambiciosa de la que está dispuesta a aceptar el Partit dels Socialistas, incluyendo listas abiertas.

Anna Simó ,de Esquerra Republicana, también ha dicho que si no hay acuerdo no será por culpa de su grupo. "Una vez el PSC ha movido ficha esperamos que CiU también lo haga". La portavoz de ICV, Dolors Camats, ha sido más pesimista y, ante las dudas de que se consiga el consenso necesario para aprobar la ley, ha dicho que como mínimo debe garantizarse poner en marcha una sindicatura electoral para el control de gastos de campaña. Camats también ha alertado de los riesgos de las listas abiertas.

El PP, por boca de Dolors Montserrat, ha dicho que la ley electoral "no es una prioridad" para Cataluña, pero que no boicoteará la ponencia. Ciutadans ha asegurado que para ellos es condición imprescindible que se avance hacia las listas abiertas.