Los Mossos evitan aplicar a las víctimas de la mafia china la Ley de Extranjería

La operación policial contra la mafia china en Mataró (Barcelona) ha permitido liberar a 450 personas -incluido un menor- que trabajaban en talleres ilegales de confección en condiciones lamentables. Muchas están en situación irregular. Tras recoger su declaración en comisaría, los Mossos d'Esquadra las han dejado en la calle sin ponerlas a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, como dispone la Ley de Extranjería y fijan los protocolos firmados entre ambos cuerpos policiales.

La policía autonómica justifica la decisión sobre la base de que los sin papeles son víctimas de explotación laboral y argumenta que el enorme despliegue policial (750 mossos tomaron la ciudad el martes) tenía por objetivo capturar a los dueños de los talleres. La condición de víctimas no exime a los agentes, sin embargo, de la obligación de entregarlas al CNP para que éste inicie el expediente de expulsión, explicaron abogados y expertos en extranjería. Cosa distinta es que, en la práctica, "esas personas abandonen realmente territorio español", según las mismas fuentes.

Los Mossos han comprobado que ninguno de los operarios tiene causas pendientes y facilitará esa información al CNP. La decisión del operativo -coordinado por el fiscal de crimen organizado- ha creado, sin embargo, malestar y "sorpresa" en el Cuerpo Nacional de Policía. "No nos interesa ir a por las víctimas. Ni siquiera tienen asimilado que lo son: al entrar en los talleres, algunas intentaron huir por la ventana", dijo el inspector Josep Monteys, que dio algunos detalles de la operación. El caso está bajo secreto de sumario.

La operación se saldó con 77 jefes de talleres detenidos (todos chinos salvo un español), que están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores. La investigación sigue en marcha: el objetivo es ir más allá y, a través de los explotadores de Mataró, llegar hasta las redes de la mafia china que controlan los talleres textiles instalados en Cataluña. La fiscalía investiga el destino del dinero generado por los locales, que realizan pedidos para tiendas de ropa, mercadillos y locales de venta al por mayor.

Los explotados, que ahora viven en casas de conocidos y familiares, trabajaban una media de 12 horas al día toda la semana. Por cada jornada cobraban unos 20 euros (no siempre) y tenían que trabajar en talleres donde había poca luz, poca higiene y demasiada gente. Los Mossos han hallado retrovisores (para controlar a los operarios) y cámaras de seguridad, para huir en caso de que llegara la policía.