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Los problemas de los inmigrantes

Movimientos para evitar el estallido

TOMÁS BÁRBULO - Madrid - 23/05/2008

 
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Hace dos semanas, el líder del PP, Mariano Rajoy, se quejaba de que los socialistas están haciendo, en materia de inmigración, el mismo discurso que le criticaron a él durante la campaña electoral. Y no le faltaba cierta razón, porque los últimos anuncios del Gobierno han sorprendido tanto a sus aliados de la pasada legislatura como a buena parte de la opinión pública.

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Primero fueron las declaraciones del nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, sobre la conveniencia de revisar (a la baja) las contrataciones en origen de extranjeros. Después llegó el respaldo en Bruselas a favor de una directiva que avala políticas mucho más duras que la española. Y, finalmente, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que el Gobierno ampliará de 40 a al menos 60 días la retención de los inmigrantes interceptados al entrar ilegalmente en el país.

Parte de la opinión pública ha interpretado esos trompetazos como el anuncio de un endurecimiento de la política de extranjería. Y ello ha sucedido a pesar de que el Gobierno se ha esforzado en explicar sus propuestas. El titular de Trabajo ha razonado que, a la vista de la desaceleración económica y del consiguiente aumento del paro, carece de sentido traer a nuevos trabajadores. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho ver que el nuevo marco comunitario no afectará a España, sino que establecerá límites a los Estados más duros con los extranjeros. Y el ministro del Interior ha argumentado que los trámites de repatriación son tan complejos que muchos inmigrantes eluden la devolución a sus países por falta de tiempo para completar los trámites.

En el fondo, todos los argumentos del Gobierno apuntan en la misma dirección: evitar que la inmigración pueda encender un conflicto social. En cierto modo, el Ejecutivo está planteando una vieja cuestión moral: ¿Hasta qué punto es lícito hacer el mal para poder hacer el bien? De momento, España sigue liderando las legislaciones más proteccionistas de la UE hacia los inmigrantes.


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