"Nos apuntaron a la cabeza y nos dieron una hora para abandonar nuestra finca"

"Un día apareció el Ejército venezolano, un pelotón del batallón José Laurencio Silva, acantonado en El Rastro, una población cercana a Calaboso, nos apuntaron con sus armas de reglamento a la cabeza y nos dieron un plazo prudencial de una hora para abandonar nuestra finca. Y tuvimos que irnos y dejarlo todo al Estado venezolano que, en vez de mejorarlo, lo que hizo fue destruirlo todo, hasta la cerca se llevaron".

José Solórzano Calderón, nacido hace 83 años en Santa Cruz de la Palma, era el dueño de la finca La Vaca, con 33.000 hectáreas, 23 empleados, 26.000 piezas de ganado vacuno, 20.000 ovejas y otros tantos cerdos, además de burros y caballos. A la salida de la reunión que mantuvo el pasado martes con el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en el Consulado español en Caracas, se le veía algo más tranquilo. "Nos ha prometido que el Estado español hará todo lo que esté en su mano, cueste lo que cueste fueron sus palabras, para que se reconozca y se indemnice el daño causado a los españoles que vivimos en Venezuela. Aunque es incalculable el dolor y los trasnoches y la angustia y las lágrimas que hemos derramado".

Su hijo Luis sostiene que hay un fondo de xenofobia en las expropiaciones de las que han sido objeto casi 200 españoles. "Me dijeron que no iban a pagar la finca porque si España tuviera que pagar todo lo que robaron los colonizadores estaríamos en deuda. Y yo les respondí: ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que hizo Cristóbal Colón?".

No todos los que se reunieron con Moratinos eran antiguos terratenientes. Rodolfo Álvarez, asturiano de 73 años, propietario de una hacienda en El Sule, de poco más de 80 hectáreas, relata que estaba limpiando sus tierras cuando fueron invadidos. ¿Quién les invadió? "Gente". ¿Y la policía? "Bien, gracias". Asegura que no ha podido recurrir a los tribunales porque ni siquiera han querido facilitarle copia de la denuncia, y que no ha vuelto por su propiedad, ya que teme por su integridad física.

"La forma de invadir aquí es primero someterte a un robo y una persecución constantes, luego vienen las amenazas de muerte", explica Jesús Rodríguez, gallego de 64 años que poseía algo más de 60 hectáreas en el Estado de Aragua. "En Venezuela hay organismos oficiales que hacen la vista gorda ante estas cosas", afirma. ¿A quién se refiere? "Cuestiones políticas, usted ya me entiende".

La ley venezolana permite expropiar las tierras ociosas o aquellas cuyos títulos de propiedad no estén claros. Pero aunque se consiga acreditar la compra y la explotación de la finca, los procesos son tan largos que los propietarios se arruinan en la espera. Mientras tanto, no pueden acceder a sus fincas, ocupadas por grupos próximos al régimen chavista, a los que éste tolera cuando no alienta. "No es una reforma agraria, no hay un plan de desarrollo rural, sólo actos aislados, cada vez más frecuentes, que sirven para alimentar el populismo", sostienen fuentes diplomáticas. Las ocupaciones no se limitan a fincas rústicas, sino que incluyen solares urbanos y hasta talleres.