Nuevos delitos, y más graves, pendientes de investigar

La investigación del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana está en mantillas. Pese a que el sumario recoge múltiples irregularidades con el pago de importantes cantidades de dinero en comisiones ilegales, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tan solo ha admitido abrir una causa por el regalo de trajes al presidente Francisco Camps y a tres de sus colaboradores.

Desde que Orange Market, una filial de la trama corrupta, se instaló en la Comunidad Valenciana con Álvaro Pérez, El Bigotes, al frente, la Administración que dirige Francisco Camps no ha dejado de adjudicarles contratos, la inmensa mayoría a dedo y sin concurso, justificados en la supuesta experiencia de la empresa en trabajos similares aunque era de reciente creación y nunca antes había trabajado en la Comunidad Valenciana.

Esta empresa fue el instrumento que utilizó el PP valenciano para su financiación ilegal, según acreditan documentos intervenidos por la policía, además de varios informes incorporados al sumario, grabaciones de conversaciones y documentos oficiales. Este caso de financiación ilegal del PP valenciano aún sigue en el limbo judicial. Aunque el juez madrileño, Antonio Pedreira, tras comprobar que las pruebas son suficientemente solventes, decidió inhibirse y remitir toda la documentación a Valencia, dado que había políticos del PP aforados implicados en el caso. El PP ha recurrido esa decisión y está pendiente de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la misma que anuló las escuchas en la cárcel. Tampoco se ha podido investigar el amaño del contrato multimillonario por el que una empresa leonesa de construcción, Teconsa, cobró siete millones de euros por la sonorización y el montaje de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia.