Obama apuesta por no investigar responsabilidades pasadas en Guantánamo

El presidente de EE UU, Barack Obama, apuesta por no buscar responsabilidades pasadas sobre Guantánamo. "He dejado claro que se debe cerrar pero creo que es importante mirar hacia adelante y seguir recordando que ahí fuera existen amenazas muy reales a nuestra seguridad", ha asegurado el mandatario una entrevista a CNN en español. Obama ha reconocido que no ha hablado directamente con el Gobierno español sobre la investigación que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abierto contra los responsables jurídicos de la creación de la prisión, pero sí lo han hecho miembros de su equipo. "En EE UU estamos progresando en el proceso de saber qué es lo que pasó", ha añadido.

Precisamente hoy, el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha anunciado que no apoyará la querella presentada en la Audiencia Nacional contra los seis abogados de George W. Bush que idearon el entramado legal del centro de detención.

El pasado mes de marzo, el juez Garzón reabrió la investigación, que estaba parada desde hacía un año, y solicitó al fiscal que informara si debía admitir la querella, presentada el 17 de marzo por la Asociación por la Dignidad de los Presos y Presas, contra seis abogados de EE UU por ser "responsables jurídicos" de la creación del centro de detención de Guantánamo.

Querella fraudulenta

"Si se actúa por un delito de maltrato a los prisioneros de guerra, la denuncia debería ir contra los autores materiales", ha afirmado el fiscal general del Estado, quien ha calificado de "fraudulenta" la querella. En su opinión, la Audiencia Nacional no debe convertirse en "un juguete" y el Ministerio Público "no puede apoyar esa acción judicial".

De acuerdo con el texto de la querella, estos abogados "participaron en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento del andamiaje jurídico de Guantánamo, lo que significó dar cobertura a las torturas o privar a los detenidos de los sentidos de la vista o el oído hasta que confesaran". La denuncia estima que al haberse retenido a seis ciudadanos españoles en la prisión estadounidense, España tiene legitimidad para investigar los hechos.

Los letrados prepararon el proyecto Concilio de Guerra tras los atentados del 11-S de 2001 en Nueva York. Alberto R. González, consejero del ex presidente Bush, está incluido en la querella por haber establecido las bases jurídicas para la creación del centro de detención.