EL PAÍS reveló en 1987 informes secretos sobre un proyecto de pruebas nucleares

norteamericana.

EL PAÍS publicó el 1 de febrero de 1987 un reportaje de investigación que revelaba no sólo el informe de la CIA de 1974 advirtiendo sobre el proyecto español de crear una bomba nuclear, sino también, la confirmación, por muy diversas fuentes, de los temores de la agencia de inteligencia norteamericana.

"Si hubiera una decisión política, en tres o cuatro años a lo sumo tendríamos lista una bomba atómica táctica", confesaba a EL PAÍS en 1987 un alto directivo de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN). Y no sólo eso. El reportaje incluía además un estudio secreto de 1971 sobre la fabricación de la bomba atómica española que señalaba el Sáhara como el lugar idóneo para probarla -Francia había ensayado sus primeros ingenios en el desierto sahariano de Argelia- e incluso calculaba cuánto iba a costar: 8.700 millones de pesetas.

El alma de las investigaciones para obtener y dominar la tecnología necesaria fue un ingeniero de la Armada, José María Otero Navascués, que consiguió establecer contactos con científicos extranjeros para que lo mantuvieran al tanto sobre los conocimientos básicos de la física nuclear. Para 1955, cuando una comisión estadounidense visitó España, sus conocimientos sobre física nuclear colocaban al país en la quinta posición mundial, según dejaron constar al regresar a EE UU en un informe al Senado norteamericano.

La progresión tecnológica que se produjo en los años posteriores respondió al decidido respaldo del almirante Luis Carrero Blanco, que otorgó fondos y dio amplia cobertura a extrañas operaciones de tráfico de divisas: determinados pagos de organismos internacionales se ingresaron en cuentas particulares en Suiza, pese a la acuciante necesidad de divisas que tenía el Gobierno, para facilitar la compra de aparatos e instrumental nuclear. La adquisición no podía hacerse en pesetas porque aún no era moneda convertible.

La amenaza de Argelia

La principal amenaza entonces provenía de Argelia. "Para los militares, el mayor peligro era un acuerdo entre Rabat y Argel, del que se habló mucho en aquellos años. Hubiera supuesto un enorme riesgo para Ceuta, Melilla y el Sáhara", explicó en 1987 un ex ministro de Exteriores.

La central nuclear de Vandellós no estaba sometida a los controles de Estados Unidos o del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). La compañía Éléctricité de France poseía el 25% del capital y estaba representada en el Consejo de Administración. "El compromiso de uso pacífico era puramente verbal, puesto que en realidad no existían salvaguardias. El control a través del Consejo de Administración era mínimo y permitía toda clase de engaños", aseguró a este diario uno de los protagonistas de la operación.

El desarrollo de la tecnología nuclear en España no pasó inadvertido entre las grandes potencias. El presidente norteamericano Jimmy Carter exigió el control de la OIEA sobre cinco instalaciones españolas. Cuando en 1970 entró en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear, España no lo había firmado.