Fracasa la comisión del Ayuntamiento de Vigo que investigaba la trama de extorsiones a empresas constructoras
Una comisión municipal encargada de investigar la existencia en Vigo de una trama de extorsionistas que operaba contra los promotores inmobiliarios ha sido incapaz de establecer ninguna conclusión. Pese al fracaso, el Gobierno municipal ha acumulado indicios contra un concejal, Abelardo Pardo, que consiguió incorporarse a la comisión, anulando su operatividad al convertirse en juez y parte.La existencia de la trama fue denunciada en octubre por Aproin, la asociación de promotores inmobiliarios. Según esta organización, la red pedía dinero a cambio de no interponer o de retirar recursos judiciales contra determinadas obras, que así podían verse paralizadas. Esto, que causaba un grave quebranto en el sector de la construcción, era posible por la ambigüedad de la normativa urbanística y porque los extorsionistas contaban con asesoramiento político y de funcionarios del Ayuntamiento.
La denuncia fue llevada a los tribunales y, simultáneamente, el Gobierno municipal decidió crear la comisión.
El escándalo de las extorsiones urbanísticas estalló de la mano de Eduardo Canabal, que ha firmado unos 60 recursos, alegaciones y denuncias contra obras y proyectos urbanísticos, según él, sin interés personal. Precisamente el concejal Abelardo Pardo ha sido su abogado en diversas causas judiciales.
En Vigo gobierna el socialista Carlos Príncipe, al frente de una coalición sin mayoría absoluta (PSOE, Esquerda Galega y BNG). El fiel de la balanza es el independiente. Agustín Arca, que se fugó de la coalición en verano y se pasó al Grupo Mixto. Al estallar el escándalo, el PP integró en el Grupo Mixto a su experto en temas urbanísticos, Abelardo Pardo, señalado como uno de los posibles protagonistas del escándalo.
Pardo, abogado de 56 años y funcionario municipal en excedencia, está a la espera de juicio, con otros dos altos funcionarios del Ayuntamiento, en otro polémico proceso, el caso Proneiras, en el que se les acusa de estafa y de obtener beneficios ilegítimos gracias a una recalificación de terrenos que compraron clandestinamente.
