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Una promesa incumplida

X. M. P., La lucha por el derribo del scalextric de Vigo tuvo sus actores principales en los vecinos de la calle de Lepanto y, de forma muy especial, en José Carlós González Crespo, portavoz del grupo. "Nos alegra el hecho de que la corporacion municipa pue a cumplir una promesa formulada por el actual alcalde hace siete años", dice.

La promesa salía al paso de las preocupaciones de los afectados. En 1975 razonaron su oposición al proyecto en escrito remitido al director general de la empresa concesionaria. Los vecinos aludieron a la "falta de seguridad vial que ofrece él paso elevado'que se proyecta construir con peligro para personas y cosas, particularmente a su paso por la calle de Lepanto, por.donde discurre encajonado, haciendeo curva y a una distancia mínima de 2,40 metros de las edificaciones. Si a esto se añade la estrechez de la calzada y las dos direcciones parece claro que la nueva obra no reúne un mínimo de condiciones de seguridad vial, que son exigibles como elementales".

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El 'scalextric' que nunca se abrió al tráfico

A estas argumentaciones, la dirección general de Autopistas del Atlántico respondió que "la solución presentada responde a todas las normas de seguridad vigentes en los proyectos de obras de este tipo" y que se atenía "a todas las prescripciones de trazado y pro tección impuestas por los organismos competentes".

Los afectados habían planteado en su momento cuatro alternativas posibles para canalizar el tráfico de la autopista sin necesidad de escalextric. Fue, inútil. Restaba y resta una quinta y última: el derribo.

El scalextric se ha convertido desde su construcción en un monumento a los despropósitos, al que únicamente sacaban algún provecho los automovilistas que podían dejar a cubierto sus coches en la calle de Lepanto y los vendedores ambulantes, a quienes servía de improvisado paraguas a la altura de la Gran Vía.

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Esta obra inútil fue uno de los tramos que mayores movilizaciones provocó contra la Autopist.a del Atlántico, polémico proyecto emprendido a raíz de Idictare en 1972 la ley de Autopistas de Peaje, cuando el titular de la cartera de Obras Públicas era Gonzalo Fernández de la Mora.

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