PP y CiU ayudan al PSOE a superar el primer trámite del nuevo Código Penal
PNV, ERC, ICV, IU y BNG presentan enmienda de totalidad al proyecto del Gobierno
El Gobierno tiene ya asegurado que su proyecto para reformar y endurecer el Código Penal superará la próxima semana el primer trámite en el Congreso, el de debate de totalidad. Tiene asegurados los votos del PP y de CiU para rechazar las enmiendas de totalidad que ayer presentaron PNV, ERC, ICV, IU y BNG. No tiene garantizada la aprobación final del texto, entre otras cosas porque después de meses de negociaciones el Gobierno mantiene aún enormes discrepancias con el PP y con CiU.
El Ejecutivo está aún atrapado entre los grupos que cuestionan cualquier endurecimiento y rechazan todo el proyecto globalmente y los que, como PP y CiU, quieren ir más allá que el texto del Gabinete. Por ejemplo, el PP, representado por Federico Trillo, insiste en la cadena perpetua revisable, y CiU en el endurecimiento del tratamiento a los pequeños delitos o faltas reiteradas. Por el momento, el Gobierno y el PSOE no aceptan esas dos peticiones. Y fuentes del PP y de CiU aseguran que seguirán negociando, pero ahora no garantizan sus votos al final del trámite parlamentario, que precisa mayoría absoluta.
Los populares y los nacionalistas catalanes exigen endurecerlo aún más
Los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad se oponen a una de las principales novedades del texto del Gobierno: la libertad vigilada para los condenados por delitos graves que ya hayan cumplido la pena.
El PNV, cuyo portavoz Emilio Olabarría ha negociado con el Gobierno en los últimos meses, se descolgó ayer momentáneamente del acuerdo con su enmienda de totalidad. Olabarría asegura que el proyecto en su mayoría es "un abuso inaceptable" al tiempo que "mantiene un umbral demasiado bajo para otros delitos, como por ejemplo los delitos contra el medio ambiente y los delitos contra el patrimonio".
El portavoz nacionalista añade que "la libertad vigilada posterior a la pena que consolida la prisión perpetua, soslayando de forma dudosamente constitucional el dilema de si resulta legítimo imponer medidas a personas imputables que ya han liquidado su condena".
En esa línea, el portavoz de ERC, Joan Ridao, considera que el proyecto del Gobierno "sigue con la política regresiva iniciada en 2003" con la reforma promovida por el entonces presidente, José María Aznar.
Ridao critica la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte que se establece en el proyecto. Considera que "no podemos compararlos con los delitos que sí merecen la condición de imprescriptibles, como los delitos de lesa humanidad o de genocidio".
También rechaza el endurecimiento de penas de delitos menores y pide reducir los supuestos de libertad vigilada. ERC prepara, además, un centenar de enmiendas parciales para provocar el debate sobre la despenalización de la eutanasia y los delitos contra la Corona. Francisco Jorquera (BNG) asegura también que el proyecto del Gobierno "sólo se centra en los aspectos punitivos y responde a la presión mediática".
En su enmienda de totalidad explica que la libertad vigilada "cuestiona abiertamente el artículo 25.2 de la Constitución, que establece la reinserción del penado como objetivo de la pena, así como la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera que la preparación para la libertad de un penado es un supuesto irrenunciable".
El Gobierno había aceptado en los últimos días cambios como limitar a cinco años la libertad vigilada o asegurar que ningún mantero vaya a la cárcel. Por el momento, el Ministerio de Justicia, que encabeza Francisco Caamaño, no ha podido frenar las enmiendas de totalidad que se discutirán en el pleno del día 11.
