El PP achaca a un afán recaudatorio "la cantidad de multas que se ponen"

"Hay muchos ciudadanos que piensan que lo que quiere el Gobierno es poner más multas, movido por un afán recaudatorio". Así explicaba ayer la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, la rebaja del límite de velocidad de 120 a 110 kilómetros por hora en autopistas y autovías aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. El cambio normativo entró en vigor a las seis de la mañana de ayer. "Basta con darse un paseo por las carreteras españolas, esta mañana, para ver la cantidad [de multas] que se están poniendo", añadía Cospedal a modo de ejemplo del supuesto fin pecuniario. Eso sí, sin aportar datos, solo su percepción personal.

La dirigente achacó esta medida a la "ausencia de política energética y a la improvisación" del Gobierno. "Los españoles tienen que pagar los errores del Ejecutivo de su bolsillo", explicó primero, para luego especificar que ese presunto afán recaudatorio es más evidente, en su opinión, por la necesidad de cumplir los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, "lo que no tiene nada fácil".

"La última prohibición del Gobierno", como la calificó Cospedal, puede carecer además de "una buena cobertura jurídica de la medida". Según el PP, no está claro que el Ejecutivo pueda modificar los límites de velocidad en función de criterios económicos y no por razones de seguridad vial. En cualquier caso, no ha anunciado que vaya a recurrir la medida ante los tribunales, como ha hecho con otras leyes del Gobierno socialista.

El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, consideró la postura del PP "de una frivolidad insoportable", "un discurso absolutamente hipócrita sobre la libertad" que entronca con una polémica "profundamente pobre, viciada y pintoresca". Por su parte, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, descalificó como "absurda" la explicación de Cospedal, mencionando la merma en la recaudación de impuestos.

En declaraciones a Telecinco, Sebastián defendió la actuación del Ejecutivo porque más vale ser "precavido" y evitar ser acusado más tarde de "inacción" ante la crisis energética agravada por el conflicto en Libia.

La Dirección General de Tráfico esperará unos días para facilitar datos de la incidencia del cambio normativo en la velocidad media y el número de sanciones, pero ha aclarado que no ha tenido ninguna repercusión en la fluidez de las carreteras.