El PP acusa al Gobierno y a "un determinado grupo de comunicación" de tratar de aniquilarle

El Partido Popular difundió ayer un largo comunicado en el que afirma que, con motivo de las investigaciones judiciales del caso Gürtel, está siendo objeto de "una campaña sistemáticamente programada y ejecutada de ataque y desprestigio de sus cargos públicos y del propio partido, en la que se utilizan de manera ilegítima los medios del Estado y, como instrumento de difusión, a un determinado grupo de comunicación".

El PP se queja de que a las informaciones sobre actuaciones sumariales secretas "vienen a unirse, en las ultimas semanas, filtraciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Policía Judicial" y que se utilizan para dañar personal y políticamente a algunas personas.

Los populares señalan que el respeto al honor de las personas y al secreto de las comunicaciones son derechos fundamentales, que están obligados a respetar el Ministerio del Interior, la Policía Judicial "y los medios de comunicación que respeten las reglas de la sociedad democrática". A continuación, el PP acusa sin pruebas al Ministerio del Interior de "abuso perverso y abusivo de los instrumentos con los que cuenta un Estado de derecho".

Tras opinar que en ese terreno se están registrando conductas "constitutivas de graves delitos y no menos graves responsabilidades políticas", el PP acusa a los medios de comunicación que informan sobre el caso Gürtel de situarse "al margen de la libertad de expresión". "Quienes de forma concertada, y amparándose en la libertad de expresión, colaboran dando publicidad a estas conductas, sin dar valor a los desmentidos previos y ampliando así los efectos dañosos, se sitúan al margen de la libertad de expresión que dicen defender, y de cualquier regla deontológica de la profesión periodística".

El PP acusa al Gobierno "de connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, [que] nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial". Y hace un llamamiento "a la opinión pública española e internacional sobre las tremendas consecuencias (...) de tratar de aniquilar al primer partido de la oposición usando los instrumentos del Estado".

El PP reclama, en especial al Poder Judicial, "la especial vigilancia de cualquier conducta que tenga por objeto menoscabar de forma sectaria los derechos de los ciudadanos con la utilización de forma ilegítima de los medios del Estado de derecho".

El PP señala que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha anunciado "acciones judiciales por calumnia contra los responsables de la difamación publicada este fin de semana por los medios del Grupo PRISA, a raíz de la violación del deber de secreto de unas actuaciones que no forman parte del sumario y que están tan sólo a disposición de la Policía Judicial". Desde el PSOE, contestó Antonio Hernando: "Primero acusaron al juez Garzón, después a los policías, después al Ministerio Fiscal y ahora a Interior. Ninguna de estas instituciones es responsable del comportamiento del tesorero del PP, de su diputado ni de alcaldes como Rita Barberá".