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El debate sobre seguridad e inmigración

El PP se aferra a la indefinición tras agitar debates populistas

Cospedal rechaza tocar el padrón y sólo plantea "leyes claras" - No llevarán una propuesta de cadena perpetua al Congreso - Torrejón da marcha atrás

Carlos E. Cué

A falta de debate interno, que en los órganos prácticamente no existe, el cruce de declaraciones entre los dirigentes del PP sobre diversos asuntos de actualidad empieza a parecerse al baile de la yenka: izquierda, derecha, adelante, atrás... Sobre el asunto que más les preocupa internamente, porque es delicado y con gran efecto electoral, la inmigración, el PP preparó ayer, después de 10 días de declaraciones contradictorias, un documento oficial, sancionado en una reunión de Mariano Rajoy con un nutrido grupo de alcaldes.

Sin embargo, el texto no aclara nada sobre el punto clave de estos días: el padrón. Se limita a pedir "un debate amplio y riguroso" sobre la inmigración. Además, su presentación coincidió con otra marcha atrás: la del Ayuntamiento de Torrejón (Madrid), del PP, que después de haber defendido sus criterios para no empadronar inmigrantes que vivan en menos de 25 metros cuadrados o tengan visado de turista, ayer reculó y decidió "acatar" la orden del Gobierno de empadronar a todos.

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Esa decisión deja sin efecto las declaraciones de varios dirigentes populares, entre ellos Esperanza Aguirre o José María Aznar, que aseguraban que lo de Torrejón era perfectamente legal.

Más claro fue aún el cambio de paso en otro asunto polémico. Javier Arenas, vicesecretario de política autonómica, pidió el domingo, aprovechando el recordatorio del asesinato de Marta del Castillo en Sevilla, que se abra un debate sobre la cadena perpetua. Esperanza Aguirre apoyó la iniciativa de Arenas. Y Dolores de Cospedal, encargada de fijar la posición oficial del PP, echó un jarro de agua fría a la propuesta. ¿Van a llevarla como una iniciativa al Congreso, donde se debate la reforma del Código Penal?, le preguntaron. "Lo que hemos dicho es que se abra el debate porque está en la calle. Hasta ahí hemos llegado. No hemos dicho que vayamos a llevarla al Congreso", sentenció, desautorizando parcialmente a Arenas. De hecho, Federico Trillo, responsable de negociar la reforma del Código Penal, no planteó la cadena perpetua cuando presentó hace una semana en Mallorca las medidas que el PP planteará en esa reforma.

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El propio Trillo zanjó este debate hace un año y medio. En el verano de 2008, cuando se hablaba de ella por la polémica de la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos, Trillo sentenció: "En la interpretación más estricta de la Constitución no cabe la pena de reclusión perpetua. No la vamos a plantear". El PP prepara medidas para endurecimiento de penas, pero de momento no contempla la cadena perpetua, según fuentes de la dirección.

En el asunto de la inmigración también Cospedal trató de ajustar el tiro. El PP quiere que los derechos de los inmigrantes no dependan de que un alcalde decida empadronarlos o no. Cospedal sostiene que, de facto, eso es lo que sucede. Y pide una "regulación clara de los derechos y deberes de los inmigrantes". El PP propone prohibir regularizaciones masivas, más control de fronteras, un contrato de integración y menos permisos por arraigo.

Sin embargo, en la reunión de Rajoy con los alcaldes, donde se aprobó el documento, los primeros ediles no contaron que tengan muchos problemas con la inmigración. Lo que tienen, explicaron, es una situación financiera desastrosa por una caída media del 30% de la recaudación y en algunos casos, especialmente en la costa, donde había mucha construcción, de hasta el 70%.

Rajoy, flanqueado por Ana Mato y Alberto Ruiz-Gallardón (a la izquierda) y Javier Arenas, durante la reunión de ayer con alcaldes del PP.
Rajoy, flanqueado por Ana Mato y Alberto Ruiz-Gallardón (a la izquierda) y Javier Arenas, durante la reunión de ayer con alcaldes del PP.EFE

Diagnóstico del PP

- 1. "La situación de la inmigración en España exige un debate amplio y riguroso."

- 2. "El gobierno (...) ve ahora como en sus filas se abre una polémica por la negativa al empadronamiento de los inmigrantes en situación irregular".

- 3. "La competencia no es de los ayuntamientos sino del gobierno, a los que no se puede trasladar la responsabilidad sobre las condiciones de vida y los derechos de los inmigrantes".

- 4. "La legislación incurre en importantes contradicciones y se hace necesario un marco regulatorio claro que fije los principios, derechos y deberes que corresponde a cada cual".

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