Los escándalos que afectan al PP

El PP basa su querella contra Garzón en un defecto formal

Los populares argumentan que el juez de la Audiencia Nacional ha superado el plazo previsto para inhibirse

Madrid - 24 feb 2009 - 21:35CET

La dirección nacional del Partido Popular ha anunciado que presentará este miércoles una querella criminal contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por prevaricación. El PP se basa en defectos formales y argumenta que el magistrado ha superado los tres días que le concede la ley para inhibirse en la trama de corrupción vinculada al PP en el caso de que supiera que hay aforados en la causa, tal y como reconoció el propio juez en un auto el pasado 13 de febrero.

Los populares apelan al artículo 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la cual cuando se trate de delitos en que estén implicados aforados, los jueces de instrucción "en casos urgentes, pondrán las medidas de precaución necesarias para evitar su ocultación pero remitirán las diligencias en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de tres días, al Tribunal competente". Por tanto, según el PP, "es nítido a la a la hora de establecer que, si en la investigación aparecen aforados, hay que remitir inmediatamente la causa al tribunal del aforamiento" y no hay que "esperar a que terminen de realizar las diligencias acordadas: sólo se practican las urgentes".

El PP subraya en la querella que Garzón "sabe que carece de competencia objetiva" en el caso de la trama de corrupción. El pasado 18 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción trasladó a Garzón un informe en el que solicitaba que se inhibiera en la causa abierta por la trama de corrupción en favor del Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid para la "totalidad de la investigación", salvo en "determinados hechos" que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia. Además, el pasado viernes, el juez sugirió que podía haber más aforados en la trama cuando remitió a Anticorrupción una providencia en la que solicitaba otros dos informes "en relación con las personas aforadas" antes de inhibirse a favor de otros tribunales, lo que indicaría que existen nuevos parlamentarios o gobernantes regionales implicados en la causa.

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