El PP busca votos en el conflicto social

El PP está convencido de que la excepción española ha concluido. Los debates que centran la política europea, inmigración y seguridad, parecían fuera del choque entre los dos grandes partidos en España. El equipo de estrategia de Mariano Rajoy ha decidido acabar con esa excepción para lanzarse a buscar votos en los barrios donde se produce el conflicto social, donde viven los inmigrantes y compiten con los españoles para acceder a los servicios sociales. Después del contrato de integración, la prohibición del velo y el visado por puntos, ayer Rajoy dio una vuelta de tuerca más a esa política de mano dura con la promesa de rebajar la edad penal de los menores de 14 a 12 años "en los supuestos de especial gravedad o de multirreincidencia".

El PP, como es lógico, le ha dado muchas vueltas a esta estrategia, ya definitiva. Había decidido entrar de lleno en el asunto de la inmigración, que según el CIS se ha colocado entre los cinco grandes problemas desde 2005, aunque últimamente ha bajado un poco. Pero no sabía cómo. El contrato de integración, la gran novedad, estaba encima de la mesa desde septiembre, según fuentes de la dirección. Sin embargo, los populares no acababan de decidirse. Esperaban el momento adecuado, explican cuatro de los más cercanos estrategas de Rajoy, porque sabían que la inmigración monopolizaría inmediatamente el debate y ocultaría todo lo demás.

Antes, el PP quería colocar sus mensajes económicos. Lo hizo en diciembre y enero. Y sólo después de cerrar su oferta de bajada de impuestos, le tocó el turno a la inmigración. Hubo al menos tres reuniones de la cúpula de campaña (Juan Costa, Pío García Escudero, Gabriel Elorriaga, Ángel Acebes, José María Michavila) para perfilar cómo se vendía.

Como asesor externo y principal responsable del plan, el equipo de Rajoy captó a Javier Fernández Lasquetty, el hombre más fiel al ex presidente José María Aznar. Se fue con él como director de FAES y ahora ha sido recuperado por Esperanza Aguirre para el primer plano, como consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid. Con los datos y los estudios que realiza esta Consejería sobre el impacto de la inmigración en los barrios obreros, el plan acabó de perfilarse. El contrato de integración lo copiaron de Francia. La selección de inmigrantes por países para priorizar a los latinoamericanos (visado por puntos) la sacaron del modelo británico.

Aún así, faltaba el nihil obstat del líder. Rajoy terminó de decidirse a forzar la máquina en París, el 30 de enero. Fue a una reunión de la UMP con Nicolás Sarkozy y Angela Merkel. Una foto fundamental para el PP. El presidente francés centró todo su discurso en la inmigración, en la necesidad de cerrar las fronteras. Rajoy salió del acto con un entusiasmo poco frecuente en él. "Veis, éste es el asunto del que habla toda Europa, el de la inmigración, y todos nos dan la razón y se la quitan a Zapatero", insistía ante los periodistas. Después se fue al Elíseo, fue recibido por Sarkozy y hablaron de nuevo del asunto estrella. Mañana, Rajoy será recibido por Merkel en Berlín y volverá sobre esta cuestión.

"Sabemos que es un asunto delicado, y que nos van a llamar racistas. Pero nos sentimos legitimados por la posición de la derecha en toda Europa, e incluso de la supuesta izquierda en el Reino Unido", explica un estratega.

Con la decisión tomada, el líder del PP catalán, Daniel Sirera, pidió a Rajoy, siempre según fuentes de la dirección, que el asunto se vendiera en Barcelona, porque en Cataluña la inmigración se ha convertido en una cuestión central de todas las campañas, mucho más que en Madrid.

En el PP están encantados con la entrada que la medida ha tenido en los medios de comunicación. Aunque algunos, en privado, admiten que la idea de las "costumbres españolas" puede ser un error. En Francia se habla de "valores", y los populares sufren a la hora de explicar qué es eso de las costumbres.

Sin embargo, el PP cree que ser el partido cenizo, el de los problemas, puede ser positivo. "Mientras Zapatero insiste en pedir que se saque el terrorismo y la inmigración del debate, nosotros somos los que no negamos los problemas. Si la economía hubiese ido mejor, la campaña de aguafiestas que nos han preparado tendría sentido. Pero la gente percibe esos problemas, y creemos que nos van a mirar porque saben que nosotros no los hemos negado", resume otro dirigente.

La propuesta de ayer, la de rebajar la edad penal de los menores (ahora en 14 años), también será polémica. El PP quiere aplicar la Ley del Menor a los que están entre 12 y 14 años "en los supuestos graves o de multireincidencia". Javier Urra, ex defensor del menor, cree que sólo se podría aplicar en casos de homicidio o violación, aunque entre menores de 14 años, "son absolutamente excepcionales". "La sociedad es partidaria de endurecer siempre las penas y tiene una sensación de impunidad que no existe", añade. Para Félix Pantoja, ex fiscal de menores, "es una barbaridad que supone que España deja de contemplar la Convención de Derechos del Niño". Octavio García, profesor del Instituto Andaluz de Criminología, afirma: "En adultos equivaldría a castigar a los enfermos mentales. No tienen madurez para votar o trabajar, ¿podemos exigirles responsabilidad penal?".