El PP ensalza al Supremo por abrir una causa contra Garzón por prevaricación

El Tribunal Supremo admitió ayer una querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por supuesto delito de prevaricación en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil, ocho meses después de la denuncia inicial formulada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias. La inesperada actuación de la Sala Penal, adoptada en el apogeo del caso Gürtel, que investiga una trama de corrupción masiva vinculada a numerosos cargos públicos del PP, desbordó la euforia en este partido. Los portavoces populares se felicitaron por la decisión y se apresuraron a poner en tela de juicio la instrucción del sumario contra la trama corrupta realizada por Garzón, pese a que sus reiterados recursos y querellas contra el juez por esta causa han sido archivados o desestimados.

La imputación del juez fue decidida en contra del criterio de la fiscalía

Los populares pasaron ayer del respeto habitual a las decisiones judiciales y de quitar importancia a la condición de imputado al alborozo y la euforia por la actuación del Supremo. En un inusual comunicado, calificaron ayer de "valiente y ejemplificadora" la decisión del Supremo, que demuestra que "no hay inmunidad para nadie".

De hecho, la resolución otorga a Garzón la misma cualidad de "imputado" que corresponde al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, o al consejero y alcaldes implicados en supuestos delitos de cohecho y aforados al Tribunal Superior de Madrid. Al igual que éstos, Garzón tendrá que declarar, asistido de abogado, ante el juez instructor que nombró ayer la Sala, el magistrado Luciano Varela.

El auto del Supremo aún no es firme y el juez anunció ayer su intención de recurrirlo. Pero si, como es previsible, el Supremo confirma la admisión de la querella, Garzón tendrá que enfrentarse a una eventual suspensión de sus funciones como juez central de la Audiencia Nacional, decisión que corresponderá en su momento al Consejo General del Poder Judicial.

La decisión del Supremo fue adoptada, en contra del criterio de la fiscalía, por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Jiménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Todo ellos, excepto Jiménez, pertenecen al sector conservador y el ponente, Adolfo Prego, y Francisco Monterde, fueron designados en su día por el PP vocales del Poder Judicial.

El auto de admisión del Tribunal Supremo señala que la investigación de los crímenes de la Guerra Civil se centró en delitos para los que el juez "reconoce carecer de competencia material, salvo por razón de su conexión con otro delito para el que se proclama competente". Para el Supremo, no se advierte que sea "absurda ni irracional" la hipótesis de la prevaricación, por lo que "no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de la querella".

Éste es el segundo aviso que la Sala Penal del Supremo da al juez Garzón, después de que, en marzo pasado, remitiese al Consejo del Poder Judicial la investigación sobre los pagos percibidos por el juez por cursos impartidos en la Universidad de Nueva York. El magistrado ponente de aquella decisión, Luciano Varela, archivó la causa pero remitió sus investigaciones al Poder Judicial por si fueran "falta muy grave". Precisamente ayer, Varela, que instruirá la querella por prevaricación contra Garzón, confirmó el archivo de la querella de los pagos de Nueva York, aunque el asunto seguirá en el Consejo.