El PP estudia cómo forzar que la actuación de Casas llegue al Congreso

El PP pretende mantener viva la polémica por la conversación de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, con una abogada acusada de ordenar el asesinato de su marido. Incluso, el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, aseguró ayer en rueda de prensa que el PP está buscando la forma de llevar el asunto al Congreso de los Diputados, para convertirlo en objeto de debate político.

No precisó más, ni dijo cuál sería la fórmula. Posteriormente, él mismo matizó a este periódico que en ningún caso se trataría de pedir la comparecencia de la presidenta del alto tribunal en el Congreso, porque no hay vía reglamentaria posible, ni precedentes.

El Supremo archivó la conversación de Casas con una abogada sobre un caso de custodia de un menor por entener que no suponía asesoramiento ilícito. La grabación surgió en la investigación de un asesinato.

De hecho, fuentes socialistas aseguraron que el asunto ni siquiera puede ser tratado en el Parlamento porque el Constitucional no está sometido a control parlamentario. Sólo se establece el examen previo de los candidatos a magistrados, pero ese procedimiento no se extiende al control de sus actos posteriores. El PSOE asegura que se trata de "un intento desesperado" del PP por mantener el asunto, a pesar del archivo del caso en el Tribunal Supremo. Los socialistas podrían bloquear en la Mesa del Congreso todas las iniciativas que tengan que ver con el caso. Su tesis es que si el PP quiere revocar a Casas, lo que debe hacer es acordar la renovación parcial del Constitucional, que incluye a la presidenta y que bloquea desde hace meses.

Ese acuerdo está siendo negociado, pero está frenado a la espera de que el PP celebre su congreso. Por eso, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aprovechó ayer para pedir al PP que proceda a esa renovación. En todo caso, tanto el PP como el PSOE dan por hecho que magistrados del Constitucional forzarán un pleno para que Casas dé explicaciones sobre su actuación.

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió en que Casas debe ofrecer explicaciones pese a que el Tribunal Supremo ha archivado el caso. No precisó ni dónde ni cómo debe dar esas explicaciones.

"Hemos pedido oficialmente explicaciones y hemos pedido además que ella misma haga una reflexión serena de su conducta, de su comportamiento y de lo que implica al Tribunal Constitucional", declaró Sáenz de Santamaría en Telecinco.

Repitió que la presidenta del Constitucional tiene que "hacer una seria reflexión" sobre una "conducta" que, según resaltó, "afecta gravemente no a sí misma, sino al crédito que pueda tener el Constitucional".

Mucho más allá fue el vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, quien señaló que la presidenta del alto tribunal "se extralimitó" de sus funciones y que, para no perjudicar el órgano que preside, "debe presentar su renuncia".

A la crítica del PP a Casas se sumó ayer el coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, para quien Casas actuó de forma "bienintencionada", pero cometió "una imprudencia". Coincidió con el PP en que tiene que dar explicaciones públicas porque "ha menoscabado" el prestigio de la presidenta.

Por el contrario, el Gobierno y el PSOE volvieron a respaldar ayer públicamente su actuación. Así, María Teresa Fernández de la Vega aseguró que "el Gobierno no tiene ninguna duda de la honradez y profesionalidad de la presidenta del Tribunal, y de todos sus magistrados". En esta misma línea, el secretario de Organización de los socialistas, José Blanco, manifestó que la presidenta del Constitucional tiene el respaldo de su partido, como "no podía ser de otra forma".