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La ofensiva terrorista

El PP incrementa la presión sobre Zapatero al exigirle que ilegalice a 439 concejales de ANV

Luis R. Aizpeolea

El PP aprieta hasta la asfixia al Gobierno para que cambie de política si quiere la unidad contra los terroristas. Lo hizo ayer, sólo dos días después de que ETA anunciara la vuelta a las armas y en vísperas de la crucial reunión que mantendrán el lunes José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para recuperar el consenso perdido hace tres años.

Rajoy exige al fiscal general que pida más penas para los terroristas y exprima el Estado de derecho contra ETA
Los populares reclaman la derogación de la resolución del Congreso que permitía abordar el fin de ETA a través del diálogo
El Gobierno sostiene que no hay indicios suficientes para actuar ahora contra Acción Nacionalista Vasca
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Sin tiempo para una nueva ilegalización

Los principales dirigentes del PP salieron en tromba contra el Gobierno poniendo precio a su apoyo político para sellar un pacto antiterrorista. Ese precio pasa, según precisaron, porque el Ejecutivo se embarque en la ilegalización de 439 concejales de Acción Nacionalista Vasca en Euskadi y Navarra que tomarán posesión de sus actas el próximo 16 de junio. Los votos cosechados por ANV el pasado 27 de mayo le permiten gobernar en 40 municipios.

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El Ejecutivo socialista, preguntado por EL PAÍS, respondió ayer con una negativa a la principal exigencia del PP: "No hay indicios suficientes para emprender ahora el proceso de ilegalización de ANV, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. No obstante, estaremos muy vigilantes a la acción política de ANV para aplicar la Ley de Partidos Políticos si la vulneran", señaló un portavoz del Gobierno.

Para ilegalizar Batasuna, el presidente José María Aznar esperó, tras la aprobación de la Ley de Partidos Políticos en junio de 2002, a que ETA cometiera un atentado mortal en Santa Pola (dos muertos y 30 heridos) y a que Batasuna renunciara a condenar el atentado en el parlamento vasco. Fue entonces, en agosto de 2002, cuando el Gobierno popular promovió la ilegalización, con el apoyo del PSOE en el Congreso. El Supremo tramitó la demanda e ilegalizó a Batasuna seis meses después.

Recurso contencioso

Ignacio Astarloa, responsable de Seguridad y Justicia del PP, reclamó ayer una acción decidida del Gobierno para evitar que los electos de ANV tomen posesión de su acta de concejal. El PP plantea que es posible si se solicita en las próximas horas que el Tribunal Supremo ilegalice ANV en virtud del artículo 12 de la Ley de Partidos, lo que permitiría declarar a este partido una continuación de Batasuna y así se evitaría que sus electos tomaran posesión. Astarloa defendió la posibilidad de presentar recurso contencioso-electoral ante las juntas electorales de acuerdo con el artículo 112 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) antes de que se produzca la proclamación oficial de los candidatos como electos.

La fractura entre PP y PSOE, con ETA activa y planificando atentados, crece día a día sin que se atisbe un momento de paz entre los dos principales partidos políticos de España.

El Gobierno interpreta que el PP no tiene interés en sumarse ahora a un acuerdo antiterrorista porque ha decidido buscar rentabilidad electoral en su oposición a la política de Zapatero en relación con ETA. "La unidad ha saltado por los aires por culpa de quien ha puesto sus intereses electorales y personales por encima de los intereses de todos", declaró el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Yo le pediría al PP", añadió, "que haga lo mismo que hicimos los socialistas cuando España vivió una cosa similar en el año 1999. Los socialistas nos juntamos, nos pegamos, echamos la mano y arrimamos el hombro".

Mariano Rajoy sostuvo ayer que está dispuesto a arrimar su hombro y anunció que acudirá a la cita del Palacio de la Moncloa sin condiciones previas ni exigencias de rectificación al Ejecutivo, como le había reclamado el presidente del Gobierno un día antes. Tras el gesto de distensión, Rajoy pasó a la ofensiva anunciando su plan: "Hay que derrotar a ETA y no negociar, hacer experimentos o cosas raras. El Gobierno debe dirigirse a la Sala del 61 del Tribunal Supremo a fin de que impida que los ediles de ANV puedan hacerse con sus actas en los ayuntamientos. Se puede pedir, y yo creo que se gana".

92 detenciones de etarras

El líder popular puso más deberes al Gobierno: "Hay que decirle al fiscal que vaya contra ETA, que pida un aumento de penas, que hay que tomar decisiones penitenciarias duras y hacer todo lo que permita el Estado de derecho". El PSOE rechazó esta exigencia. Su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, defendió la actuación del fiscal general del Estado contra el terrorismo y recordó que las 92 detenciones de etarras durante la tregua contaron con la colaboración "decisiva, imprescindible y plena" de la Fiscalía.

Sólo dos días después del comunicado de ETA anunciando la ruptura de la tregua, el Gobierno ha devuelto a prisión al etarra Iñaki de Juana Chaos y ayer se apuntó un éxito contra la banda al desarticular un comando en colaboración con la policía francesa. "La realidad de nuestro Estado de derecho es que De Juana sigue cumpliendo su pena, el Tribunal Supremo está juzgando a Otegi, la Audiencia Nacional está poniendo fin al proceso de los trágicos atentados del 11-M y la policía detiene terroristas", señaló López Garrido.

Por si no quedaba clara la posición de dureza, el PP utilizó ayer otros altavoces para airear su censura a la política antiterrorista del Gobierno y seguir sumando exigencias a su lista de condiciones para apoyar a Zapatero.

El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, defendió la necesidad de derogar la resolución aprobada en mayo de 2005 en el Congreso que establecía la posibilidad de buscar el fin de ETA a través del diálogo con los terroristas.

El socialista López Garrido también se opuso a esta posibilidad, recordando que los principios de la resolución aprobada en el Congreso estaban recogidos en los principales pactos antiterroristas de la democracia. "Esos principios, que han venido siempre suscribiendo las fuerzas democráticas, son válidos en todo momento porque no se ha conseguido la derrota definitiva del terrorismo", declaró.

Rajoy, tras su última entrevista con Zapatero, en diciembre pasado.
Rajoy, tras su última entrevista con Zapatero, en diciembre pasado.U. MARTÍN

LOS DEBERES DEL PP AL GOBIERNO

El Partido Popular precisó ayer su estrategia de oposición al Gobierno en relación con la política antiterrorista. Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana e Ignacio Astarloa salieron a la ofensiva contra las decisiones del Ejecutivo socialista y reclamaron una serie de medidas urgentes:

La derrota de ETA. "Hay que derrotar a ETA y no negociar, hacer experimentos o cosas raras"

Iniciativa contra Acción Nacionalista Vasca (ANV). "El Gobierno debe dirigirse a la Sala del 61 del Tribunal Supremo a fin de que impida que los ediles de ANV puedan hacerse con sus actas en los ayuntamientos. Se puede pedir, y yo creo que se gana. Que se dirijan a la Sala del 61 para que lo impida. Que cambie de criterio como con De Juana".

Órdenes al fiscal general del Estado. "Hay que decirle al fiscal que vaya contra ETA, que pida un aumento de penas, que hay que tomar decisiones penitenciarias duras y hacer todo lo que permita el Estado de derecho"

Resolución del Congreso. "Derogación de la resolución que aprobó el Congreso de los Diputados en 2005 que abría la puerta a un fin dialogado de la violencia"

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