El PP mantiene viva la teoría de la conspiración con nuevas denuncias

La enrevesada madeja en la que se ha convertido la estrategia defensiva del PP sobre el caso Gürtel sigue marcando la agenda de este partido. Desde múltiples frentes, varios dirigentes introdujeron elementos confusos para reforzar la tesis de las escuchas ilegales con una línea común: la de consolidar la nueva teoría de la conspiración, según la cual no hay un grave caso de corrupción ligado a Administraciones del PP sino un intento del Gobierno, la Fiscalía, la policía y algunos jueces de acabar con el PP.

Los populares no sacan el asunto directamente, pero en cuanto son preguntados confirman y amplían sus tesis más extremas. Dolores de Cospedal, que abrió en agosto la espita que nadie consigue cerrar, se reafirmó ayer en Telemadrid en su acusación sobre las escuchas ilegales a dirigentes del PP: "Yo no voy a dar nombres y apellidos porque creo que no lo debo hacer, pero vuelvo a reiterar: altos dirigentes".

Esteban González Pons, portavoz del PP, que ayer compareció tras la reunión de la cúpula del partido -Mariano Rajoy ha convocado para hoy al Comité Ejecutivo, la dirección ampliada-, protegió hasta el final a su secretaria general, y aseguró que no es el PP quien debe ofrecer pruebas, sino el Gobierno quien debe investigar el asunto: "En un país democrático, cuando alguien sufre un delito no se le dan mamporros. Hemos denunciado que nos sentimos espiados. Es la Fiscalía y la policía quien debe aportar pruebas. El Gobierno debería preguntarnos por qué nos sentimos perseguidos, en vez de insultarnos".

González Pons trazó un panorama dramático de la supuesta persecución al PP, asociándolo a un régimen dictatorial. "En una democracia, tan terrible es que la oposición no sea libre como que no se sienta libre", sentenció.

Pons ahondó aún más en el embrollo al detallar, como prueba de esas supuestas escuchas ilegales, que una de las dos conversaciones de Francisco Camps con Álvaro Pérez, El Bigotes, que publicó EL PAÍS, no está en el sumario. "Pudo ser grabada legalmente pero debió ser también legalmente destruida, y en vez de eso apareció en un medio de comunicación", apuntó Pons.

En medio de la confusión, Esperanza Aguirre retiró su acusación de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, era autor de las escuchas ilegales: "Rectifico", dijo. Ambos hablaron antes por teléfono. Rubalcaba agradeció el gesto e insistió: "En España no hay escuchas ilegales; lo saben Rajoy y Cospedal, sólo se escucha a delincuentes con autorización judicial".

Mientras, Ricardo Costa, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, denunció haber sido objeto de persecución desde "las más altas instancias del Estado" y a través de "filtraciones de pruebas que debían estar custodiadas por funcionarios a un determinado medio de comunicación", informa Miguel Olivares.

A pesar de todo, la Justicia sigue trabajando y el caso Gürtel sigue su lenta marcha, con más de 100 imputados. Ayer, la Mesa del Congreso aceptó tramitar el suplicatorio del diputado Jesús Merino, que ya dimitió como portavoz adjunto del PP.