El PP ocultó al juez la detención del único acusado del asesinato de los agentes del CNI

El atentado que el 24 de junio costó la vida a seis soldados en Líbano es el segundo más grave sufrido por las tropas españolas en el exterior. El peor fue el asesinato de siete agentes del CNI el 29 de noviembre de 2003 en Irak. Entonces, como ahora, un juez de la Audiencia Nacional abrió una investigación, pero la archivó provisionalmente por falta de autor conocido el 13 de febrero de 2004. Sólo un mes después, el 22 de marzo, el Ministerio de Defensa, aún en manos del PP, detuvo al iraquí Flayeh Al Mayali como sospechoso, pero en vez de comunicarlo al juez lo entregó a Estados Unidos.

El auto que el juez Fernando Andreu dictó el 13 de febrero de 2004 no admitía lugar a dudas. La muerte de los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "se produjo como consecuencia de un ataque armado cometido por un grupo de personas cuya identidad por el momento se desconoce, [por lo que] procede acordar [...] el sobreseimiento provisional de las actuaciones [...] sin perjuicio de que, de existir nuevos datos referidos a la identidad de los autores, la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados se pueda acordar [...] la consiguiente reapertura de las presentes diligencias".

El 22 de marzo de 2004, el ciudadano iraquí Flayeh Al Mayali, traductor de uno de los agentes asesinados, fue detenido por las tropas españolas desplegadas en Diwaniyah, en el sur de Irak.

Después de ser interrogado durante tres días por miembros del CNI en dependencias de Base España, fue trasladado al Centro de Detenidos de la Coalición liderada por EE UU, en Bagdad.

Su familia recibió un documento, firmado por el capitán Alejo de la Torre, asesor jurídico del contingente, que certificaba que Flayeh estaba acusado por "el Reino de España" de ser "cooperador necesario" en el atentado contra los miembros del CNI, por lo que se había ordenado su "prisión incondicional". El juez Andreu, único competente para ordenarlo, no tuvo intervención alguna en el caso. Fuentes del CNI dijeron que fue el traductor quien avisó a los asesinos del trayecto que iban a seguir los agentes españoles, que regresaban de Bagdad a Diwaniyah cuando cayeron en una emboscada.

Flayeh, profesor de español en la Universidad de Bagdad, conocía al más veterano de los agentes asesinados, el comandante Alberto Martínez, porque traducía para él la prensa local durante el régimen de Sadam.

El traductor permaneció 11 meses detenido en las prisiones de Abu Graib -conocida por las prácticas vejatorias a los presos-, en Bagdad; y Buque, en Basora. Nunca fue sometido a juicio. Tampoco se confesó culpable.

El 15 de enero de 2005, el comité encargado de revisar los expedientes de los detenidos por EE UU en Irak examinó su caso y lo excarceló por falta de pruebas.

Pese a ello, el 29 de julio de 2005, el Ministerio del Interior, ya bajo Gobierno socialista, dictó una orden prohibiéndole entrar en España por un periodo de diez años. La prohibición se amplía a otros 14 países europeos del acuerdo de Schengen.

"Este ciudadano iraquí", asegura la orden de Interior, "ha sido puesto en libertad tras haber estado recluido once meses en su país por su implicación en el asesinato de los miembros del CNI, ocurrido a finales de 2003".

"La investigación que se llevó a cabo", agrega el documento, "le señala como la persona que había proporcionado información para cometer el atentado y miembro activo del antiguo Servicio de Inteligencia iraquí". Ninguno de los hechos que el informe da como ciertos han sido declarados probados por ningún juez.

"Estoy dispuesto a declarar"

Al Mayali reside actualmente en Bagdad, donde EL PAÍS lo localizó el pasado sábado. Ha oído decir que tiene prohibido viajar a España, aunque nadie se lo ha comunicado oficialmente. Pese a ello, sostiene: "Si un juez español decide investigar en serio la muerte de Alberto y los demás, estoy dispuesto a ir a España a declarar". ¿Incluso arriesgándose a volver a la cárcel? "Sí", responde, "porque soy inocente".

Flayeh cree que su detención respondió a una venganza, pues sus provechosos negocios con las tropas españolas en Irak levantaban envidias en su entorno.

El traductor no sólo quiere comparecer ante la Audiencia Nacional para demostrar su inocencia. También quiere pedir una indemnización por los malos tratos que, asegura, sufrió tras su detención. Y por los 11 meses que estuvo privado de libertad sin derecho a abogado ni juez.

Su presencia en España podría reabrir el sumario por el asesinato de los siete agentes. Y eso es algo que al CNI nunca le entusiasmó. No sólo porque los servicios secretos tienen alergia a la luz y los taquígrafos propios de los juicios, sino porque una investigación judicial evidenciaría las negligencias que rodearon la tragedia. Los coches del CNI no tenían inhibidor de frecuencia, pero tampoco blindaje, pues en ese caso, probablemente, los agentes se habrían salvado.