Sábado, 5/12/2009
España
FERNANDO GAREA - Madrid - 26/05/2008
El PP se ha resignado a aplazar la sustitución del magistrado del Tribunal Constitucional Roberto García-Calvo, fallecido la semana pasada. Los populares son ahora víctimas de sus propias exigencias. Los portavoces del PSOE y del PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, se han vuelto a reunir esta semana de forma discreta para avanzar en el Pacto de la Justicia y en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Sáenz de Santamaría trasladó a Alonso la necesidad de proceder a la sustitución inmediata en el Congreso de García-Calvo, puesto que ambos grupos aceptan que debe ser el PP el que lo proponga. Sin embargo, Alonso mantuvo que sería difícil de explicar el aplazamiento del resto de nombramientos, y le dejó claro que todos se harían a la vez, intentando cumplir el calendario acordado para que se produzcan antes de verano. Hasta ahora, el PP había evitado entrar a discutir sobre las cuatro vacantes del Constitucional, argumentando que es preciso esperar a que el tribunal resuelva el recurso sobre el Reglamento del Senado que establece el procedimiento para esa renovación. Con ese planteamiento, el recurso no se resolverá antes de un mes, y luego es necesario poner en marcha el mecanismo previsto que incluye la notificación a los parlamentos autonómicos y esperar a que todos presenten una terna de candidatos. Ese procedimiento no estará terminado antes de julio, y hasta ese momento no será elegido el sustituto de García-Calvo.
El PP presentó en julio su recurso contra la reforma de la ley del tribunal y, tras el verano, los acontecimientos se precipitaron. Afectados directamente por la reforma legal, la presidenta Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez se vieron obligados a abstenerse.
La presidencia del Pleno pasaba así al conservador Vicente Conde, cambiaba de manos el voto de calidad, podría anularse la prórroga a Casas y elegir a continuación un presidente conservador. El Gobierno reaccionó recusando a García-Calvo y a Rodríguez-Zapata para tratar de recuperar la mayoría, pero el PP, utilizando su influjo mediático, indujo la publicación de una noticia falsa en El Mundo para recusar a tres magistrados progresistas y contrarrestar la posible salida del pleno de los dos recusados por el Ejecutivo.
El tribunal tocó fondo. Con dos abstenciones y cinco recusaciones, ni siquiera tenía quórum para decidir. Indignados por la maniobra del PP, los seis magistrados a los que El Mundo había atribuido haber discutido extraoficialmente la reforma del Tribunal, entre ellos dos conservadores, denunciaron la falsedad de la imputación.
El presidente en funciones, Vicente Conde, reaccionó como el presidente que pudo haber sido si tres años antes García-Calvo y Rodríguez-Zapata no hubieran cercenado su candidatura. El pleno rechazó las recusaciones de los tres progresistas, denunció el "fraude de ley" y "abuso de derecho" del PP, y puso en franquicia las recusaciones de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, que finalmente fueron aceptadas. Con los dos arietes del PP fuera de escena, un pleno de cinco progresistas frente a tres conservadores no tuvo problemas en confirmar a la presidenta.
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