El PP plantea privatizar en parte los aeropuertos

El pasado lunes, Mariano Rajoy dio el pistoletazo de salida a la elaboración de su programa con una frase que apunta hacia un contenido claramente liberal: "Vamos a proponer reformas fiscales y continuar con el proceso de liberalizaciones y privatizaciones que comenzó el Gobierno del PP". El entorno de Juan Costa, el principal responsable del programa, explica qué significa esa idea: "Creemos que hay algunos servicios públicos que, manteniendo la propiedad pública, podrían estar gestionados por manos privadas. Y un claro ejemplo son los aeropuertos", señalan en la calle Génova.

De momento, cuando se encuentra en plena elaboración de sus propuestas, el equipo de Costa no quiere dar más detalles. Sin embargo, hay un precedente claro que indica por dónde pueden ir las iniciativas. En marzo de 2000, en plena campaña para las generales que José María Aznar acabaría ganando por mayoría absoluta, Rafael Arias Salgado, entonces ministro de Fomento, se descolgó con una propuesta de impacto que llenó las primeras páginas de los periódicos: el Gobierno, anunció, privatizaría el 49% de la gestión de los aeropuertos.

La idea que manejaba entonces Fomento, basada en un estudio realizado por la ingeniería pública Ineco y la consultora Arthur Andersen, consistía en disolver AENA (la empresa pública que gestiona los aeropuertos y el espacio aéreo) y crear dos sociedades anónimas.

Una empresa pública estaba destinada a controlar la navegación aérea -por motivos de seguridad esta parte no debe caer en manos privadas. La otra, con un 49% de capital privado -de forma que el Estado conservaba el control-, gestionaría los entonces 42 aeropuertos españoles. Esta propuesta llegó en un momento de retrasos generalizados y graves conflictos entre los viajeros y las compañías.

Arias Salgado no fue ministro y dejó paso a Francisco Álvarez Cascos, que decidió guardar el proyecto en un cajón. El PP recupera ahora la idea, aunque no se conocerá su contenido exacto hasta que no quede detallado en el programa.

En cualquier caso, entonces y ahora, la iniciativa supone un conflicto con los partidos nacionalistas, que reclaman la gestión de los aeropuertos para sus gobiernos autónomos. De hecho, en 2000, cuando Arias Salgado anunció su proyecto, cuatro autonomías (Cataluña, Canarias, Baleares y País Vasco) unieron sus fuerzas en un documento conjunto para rechazar la propuesta.