El PP presenta una querella contra 26 supuestos implicados en el fraude de los ERE

El PP-A ha interpuesto esta mañana en los juzgados la querella contra diferentes responsables políticos del PSOE, así como intermediarios y posibles beneficiarios de la gestión irregular de los ERE por parte de la Consejería de Empleo.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha explicado en Huelva que, en principio, el PP acusa a 26 personas de delitos de "gravedad" como malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones.

Asimismo, Sanz ha indicado que cuando el PP plantea la querella lo hace como "una primera aportación" y ha precisado que en la misma se indica que "no descarta la necesidad de su ampliación, porque dentro de las personas a las que se dirige también están todos aquellos que en virtud de la investigación que se desarrolla se consideren nuevos responsables en relación a este fraude".

"Estamos ante una querella que necesariamente ha de ampliarse", ha señalado, al tiempo que ha manifestado que con ella se pretende también que "la persona responsable de haber cometido un fraude en relación a los ERE, que resulte condenada, se le exija restituir a la Hacienda Pública las cantidades indebidamente dispuestas o recibidas".

Pese a esto, el secretario general del PP-A ha querido dejar claro que en la querella "literalmente" se exige que "en ningún caso se pueda perjudicar los derechos de las empresas y los trabajadores que con buena fe y bajo la creencia de la legalidad de las subvenciones recibidas se acogieron a los ERE".

"Frente al juego del PSOE, sucio y rastrero, la querella del PP es clara y tajante, una cosa son los que han cometido el fraude y otra los trabajadores y las empresas y dentro de toda la normativa y regularidad, no cabe mezclar las cosas, como algunos están interesados", ha apuntado.

Además, ha explicado que la querella no va contra éstos sino contra "los infiltrados de manera irregular que en mayoría son cargos públicos del PSOE, así como familiares y amigos que fueron introducidos de manera ilegal en los ERE sin nunca haber pisado la empresa correspondiente".

El PP considera que, frente a la Junta, "que ha querido fijar la responsabilidad de los ERE en un director general en concreto, este nuevo fondo de reptiles demuestra que era un procedimiento que se extendía más allá de la Dirección General de Trabajo, que se seguía de manera amplia en la gestión de la Junta".

"Lo más grave es -ha asegurado- que la Intervención General demuestra que se podía haber evitado el fraude si los por entonces consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el presidente de la Junta, Manuel Chaves, hubiesen tomado las medidas oportunas una vez advertidos".

Por último, ha indicado que el PP ampliará, tras esto, el ámbito de responsabilidad política y exigirá al Gobierno andaluz en el Parlamento información sobre el asunto.