El PP propone crear cajas de "ámbito nacional" para eludir el control de las comunidades

Si de algo no pecan las propuestas del PP cuando toca hablar de las cajas de ahorros es de ambigüedad. Y si algo se puede dar por seguro es que, por su deriva, chocará de frente con el rumbo que mantienen alguno de sus más poderosos barones autonómicos, como Alberto Núñez Feijoo (presidente de Galicia) o Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana). Porque lo que plantea el documento que presenta el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, al Gobierno supone devolver al Estado parte del control sobre las cajas en detrimento de las comunidades. Hasta el punto de proponer la creación de cajas de "ámbito nacional" para "facilitar fusiones entre cajas de distintas comunidades".

El boom inmobiliario dopó el crecimiento de las cajas de ahorros. Y la crisis fuerza ahora el ajuste. La vía menos dolorosa es la fusión, que el Gobierno apoya con dinero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Pero la crisis también ha evidenciado la dificultad de culminar fusiones entre entidades de distintas comunidades, sobre todo cuando cada Gobierno regional quiere aprovechar la ocasión para empujar la creación de una única entidad en su territorio bajo control autonómico. El PP tiene un ejemplo muy cercano, en tres comunidades que gobierna. El plan para integrar Caja Madrid con Caixa Galicia y la valenciana CAM murió antes de nacer por el deseo indisimulado de Núñez Feijoo y Camps por operaciones opuestas: fusiones intramuros para lograr una caja gallega y otra valenciana. La Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, mantiene una actitud entre ambigua y contradictoria al hablar de Caja Castilla La Mancha con dos versiones, una en Madrid y otra en Toledo.

La propuesta del PP no se anda con rodeos. Plantea eliminar "el veto autonómico" para las fusiones que requieran el apoyo del FROB. Y proponer dar a organismos públicos estatales la supervisión de ese "nuevo tipo de cajas" de ámbito nacional, un atajo cuando las comunidades autónomas obstaculicen las fusiones. Y tampoco rehúse el debate sobre la naturaleza jurídica de las cajas, tan querido al PP nacional y tan problemático cuando el asunto se traslada a los barones autonómicos. El documento da pasos firmas hacia la privatización de las entidades por dos vías. En las nuevas integraciones que usan ficha bancaria para constituir la entidad (el Sistema Institucional de Protección) , se permitiría combinar el capital fundacional de las cajas "con aportaciones de mercado". Y a las cuotas participativas, instrumentos que permiten a las cajas captar capital en el mercado, se les daría "derechos políticos".

El afán de recuperar el control estatal sobre el sector lleva al PP a pisar el terreno del Banco de España. Los populares quieren que las ayudas del FROB (gestionado por el organismo supervisor) se vinculen a que las entidades vendan "el stock de vivienda acumulado". Y plantean que se aumente al 30% -el Banco de España lo ha fijado en el 20%, aunque estudia un incremento-, las provisiones de la cartera de inmuebles.