El PP usa la excepción en la ley para reclutar directores generales en el sector privado

Por ley -la de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública, de 1997- los directores generales que trabajen para el Gobierno deben ser funcionarios de carrera del Estado, las comunidades o las entidades locales. Pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido utilizar la excepción que prevé dicha ley para, "en atención a las características específicas" del cargo, reclutar hasta cinco directores generales en el ámbito privado. El BOE posterior al Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre explica de manera confusa los motivos para acogerse a esa excepción y no a la norma en estos cinco casos. Por ejemplo, para estar "mejor conectado con la sociedad" o atendiendo "al momento especialísimo" que vive la construcción.

La medida afecta a los cargos en Tráfico, Vivienda, Empleo y Comunicación

El veto a funcionarios obedece al "momento especialísimo" en la construcción

Se trata de las direcciones generales de Tráfico; Medios y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores; Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas; Arquitectura, Vivienda y Suelo y Comunicación. El BOE explica que en estos cinco casos, los responsables no serán funcionarios, aunque no da sus nombres. La referencia del Consejo de Ministros solo incluye el nombramiento de Pilar Martínez López, hasta ahora delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, como nueva directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Está pendiente el nombramiento de los otros cuatro directores generales que, excepcionalmente, no serán funcionarios.

Respecto al titular de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, mantiene el PP que "hay que tener en cuenta el momento especialísimo en que se encuentra el mercado de la vivienda en España, así como los problemas que en el sector de la construcción ha producido la actual situación económica, que exige una flexible e inmediata capacidad de respuesta y de adaptación a los retos". Todo esto, añaden, "hace necesario contar con experiencia profesional y conocimientos cualificados (...) desde un punto de vista de los agentes privados que intervienen en el sector". Y concluyen: "la política de vivienda y suelo debe considerar, además de los aspectos técnicos, aquellos otros políticos, económicos, sociales e internacionales".

La última directora general de Arquitectura y Política de Vivienda del Gobierno socialista, Ana de los Ángeles Marín Andreu, pertenecía al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información del Estado.

En el caso de la Dirección General de Diplomacia Pública, de nueva creación, el Gobierno de Rajoy argumenta para excluir a los funcionarios que dicho puesto debe "coadyuvar en el refuerzo del prestigio de la posición exterior de España", lo que, añaden, "necesita continuidad, profesionalidad, conocimiento profundo y relación con los medios".

En cuanto al Director General de Tráfico, la argumentación del PP para no nombrar a un funcionario es la siguiente: "La Dirección General de Tráfico tiene un carácter transversal a la sociedad y la economía del país en su conjunto, lo cual justifica que su titular no haya, necesariamente, de ostentar la condición de funcionario público. De esta forma es el sector privado, afectado por la actividad de la DGT, el que pone a disposición del Ministerio del Interior una experiencia y unos conocimientos complementarios a los que se dan en el sector público, fundamentales para dar un nuevo impulso y nuevas perspectivas a su actividad". El director general de tráfico en funciones, Pere Navarro, nombrado por el Gobierno de Zapatero, pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo.

El nuevo director general del Trabajo Autónomo, la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas tampoco será funcionario "ante la alta carga política de las competencias de dicha Dirección General" y "al objeto de otorgarle una mayor visibilidad a sus políticas y una mejor conexión con la sociedad".

En cuanto a la Dirección General de Comunicación, dependiente del Ministerio de la Presidencia, su responsable tampoco será un funcionario porque "sus cometidos difícilmente se incardinan con la cualificación profesional propia de los funcionarios". Los directores generales de comunicación del Gobierno socialista: Juan Cierco (Información Internacional) y Julián Lacalle (Nacional) tampoco eran funcionarios, sino periodistas.

El Gobierno de Rajoy ha eliminado 30 direcciones generales, entre ellas, la de Relaciones Institucionales (Ministerio de Defensa), las de Cooperación Autonómica y Cooperación Local (Hacienda), la de Infraestructuras ferroviarias (Fomento), la de Atención, Participación y Empleabilidad de Estudiantes (Educación y Cultura) o la de Integración de los Inmigrantes (Empleo).