PSOE y PP se atascan por el agua en el Estatuto de Castilla-La Mancha

Después de tres meses desde su toma en consideración por el Congreso de los Diputados, el Estatuto de Castilla-La Mancha duerme en la Comisión Constitucional a la espera de que el PSOE y el PP empiecen su tramitación. Pero el Estatuto se ha bloqueado en Madrid a pesar de que los dos partidos lo aprobaron por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha. Por tres veces se ha pospuesto el plazo de presentación de enmiendas porque los tres textos que ha presentado el PSOE al PP, con rebajas respecto a lo aprobado en el Parlamento castellano-manchego, han sido rechazados. El pasado lunes fue la última vez. El PSOE de Castilla-La Mancha, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno central han presentado textos sucesivos para no ser tan categóricos como el texto original del Estatuto que establece el fin del trasvase Tajo-Segura en 2015. Ahora se ofrece que esa pretensión no forme parte del articulado sino del preámbulo.

"Las Cortes de Castilla-La Mancha han fijado el 2015 como el de la definitiva extinción del trasvase sin perjuicio de nuestro compromiso solidario para socorrer a otros territorios en caso de necesidad de agua para consumo humano". Esta es la última fórmula presentada por el PSOE. Así las cosas, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda (PSOE), ha llamado a la presidenta regional del PP y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, para que mantengan una reunión de urgencia y preguntarle qué ocurre en su organización para que ahora no defienda ninguna fórmula que salve el Estatuto, señalan en el entorno de Barreda.

Quienes conocen los avatares de la negociación muestran un grado de preocupación muy notable. Según el PSOE, el PP se limita a decir no a las propuestas pero mantiene una actitud pasiva: no hace sugerencias. Significativamente, Javier Arenas ha tomado las riendas de la negociación en los últimos días y ha desplazado a otros interlocutores con los que trataba el PSOE.

Los socialistas dan por seguro que no hay avance porque los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, trabajan de forma incesante para imponer sus criterios, radicalmente contrarios a cualquier mención a que se elimine el trasvase del que se benefician sus comunidades. Camps reiteró precisamente ayer su oposición al fin del trasvase. Estos criterios se habrían impuesto a la posición inicial de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal. Los socialistas, no obstante, responsabilizan más a Camps y a Valcárcel que al líder del PP, Mariano Rajoy. Ellos estarían jugando la baza de que ganan elecciones y que sus éxitos podrían peligrar si no plantan cara a Castilla-La Mancha.