PSOE y PP manejan una docena de medidas para etarras que salen de prisión

El escándalo ciudadano por la salida de prisión, como hombre libre con todos sus derechos intactos, del sanguinario terrorista Ignacio de Juana Chaos, tras 21 años en la cárcel (sólo 18 por 25 asesinatos y otros tres por un delito de amenazas), ha obligado a los principales partidos a hacer algo que ya han hecho muchas veces antes: revisar de nuevo todo el Código Penal para buscar cualquier resquicio que endurezca el castigo a los terroristas. Tanto el PP como el PSOE reconocen que no queda mucho margen, dentro de la Constitución, toda vez que en estos momentos España tiene una de las legislaciones más duras por delitos de terrorismo. Pero a la búsqueda de "lagunas" en el Código Penal están el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo.

En las primeras conversaciones, ambos han intercambiado puntos de vista que pondrán en común en septiembre. La posibilidad de reforzar y ampliar las medidas de alejamiento de las víctimas centra la atención del PSOE y del PP.

El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, indica que el PP se plantea como punto de partida revisar posibilidades ya vigentes que no se están aplicando. Concretamente, en el artículo 96 del Código Penal se detalla un catálogo de medidas de seguridad, que es la expresión técnica para lo que se ha venido en llamar "medidas post-pena", reclamadas desde diferentes ámbitos a raíz del caso De Juana. Trillo destaca que en este catálogo de una docena de medidas están previstas la prohibición de residir en un lugar o territorio determinado, o la prohibición de acudir a determinados lugares. "Son medidas de seguridad que no se aplican a los terroristas, y podrían aplicarse obligatoriamente", defiende el portavoz de Justicia del PP.

Por parte del Gobierno, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pone el foco en el apartado 2 del artículo 48 del Código Penal, que también se refiere a la privación del derecho a residir en determinados lugares. Este punto ya ha sido ampliado en dos ocasiones. Actualmente, dice que se puede prohibir al penado aproximarse a las víctimas, "o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal...". Este párrafo permitiría que el juez ampliara el concepto de víctimas por lo que el terrorista no sólo podría ser alejado de las suyas directas, sino de todas las víctimas de la banda a la que pertenece.

Tanto el PP como el PSOE están presionados por la agitación en torno a la salida de prisión del sanguinario De Juana Chaos. El debate ha provocado la petición, por dos veces, de "cambiar la ley" por parte de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. La dirigente popular no ha sabido concretar en qué dirección pueden endurecerse las leyes que ya prevén 40 años de prisión. El portavoz del Consejo del Poder Judicial, el conservador Enrique López, propuso abrir el debate de la cadena perpetua. Este tipo de declaraciones han obligado al PP a descartar públicamente que contemple siquiera esta posibilidad.

Además de que el juez pueda dictar medidas de seguridad tras la pena, los criminales que no se han arrepentido y con un pronóstico de reincidencia puede ser vigilados por la policía. El encaje legal de esta vigilancia es que la misión de la policía es prevenir el delito. Así fue argumentado por el fiscal para que la policía no perdiera de vista al violador de Vall D'Hebron tras salir de la cárcel. El PP opina que esta es una cuestión policial, una decisión del Gobierno que no formará parte de la negociación sobre las medidas legislativas antiterroristas.

Este debate suscita en el Gobierno alguna perplejidad, por cuanto que las dificultades operativas de poner policías a seguir los pasos de cada etarra que salga de la cárcel son de gran calado. Además, una y otra vez, se explica que cualquier reforma que se haga afectará a terroristas que ni siquiera hoy están detenidos.

Es muy probable que, sin el caso De Juana, la conversación y el posterior pacto entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y Mariano Rajoy, líder del PP, en el Palacio de la Moncloa, hubiera ido por otros derroteros. Ambos se vieron obligados a referirse implícitamente a la situación del sanguinario terrorista que iba a ser puesto en libertad diez días después.

El pacto al que llegaron contemplaba, en un primer nivel, estudiar las posibilidades de endurecimiento de penas. Pero esto es casi imposible, porque desde 2003 ya están en 40 años de cumplimiento efectivo. Las conversaciones actuales, por ahora telefónicas, se centran en estudiar las medidas post-pena, a aplicar una vez que los terroristas han salido de la cárcel.