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El PSOE busca incorporar a CiU a la reforma hasta el límite de plazo

Los socialistas admiten las dificultades para el voto favorable de los nacionalistas

Manuel V. Gómez

El PSOE buscó a lo largo de la jornada de ayer un acercamiento a CiU con la pretensión de comprometer al partido nacionalista catalán, antes de las dos de la tarde de hoy -hora límite para la presentación de enmiendas-, en la reforma de la Constitución que introduce la estabilidad presupuestaria. Es el único partido, una vez alcanzado el acuerdo con el PP y con UPN, con el que los socialistas realizaron ayer un especial esfuerzo para incorporarlo al consenso. El resto de los grupos había presentado obstáculos prácticamente insuperables en el debate de toma en consideración de la iniciativa el pasado martes en el Congreso. La negociación, además, se realiza por la vía rápida, ya que el Congreso votará mañana la reforma constitucional.

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El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Duran i Lleida, había anunciado el martes en la Cámara baja que su partido presentaría enmiendas a la iniciativa pactada entre el PSOE y el PP. Uno de sus puntos básicos consistirá en establecer un límite a la solidaridad interterritorial en la Constitución, tal y como sucede en el modelo constitucional alemán. CiU confirmó a última hora de ayer a EL PAÍS que hoy por la mañana hará pública la enmienda, antes del límite de plazo de las dos de la tarde.

El interés especial del PSOE por incorporar a CiU al consenso se debe a que el partido nacionalista catalán participó en el pacto que dio origen a la Constitución de 1978. No lo hicieron, sin embargo, la inmensa mayoría de los partidos que rechazan la reforma, que o bien no existían o no la apoyaron, como es el caso del PNV, que se abstuvo, o ERC, que votó en contra.

A esa participación constitucional y a la moderación de la que ha hecho gala CiU durante su trayectoria política desde el inicio de la democracia apeló ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una rueda de prensa en la Moncloa, para tratar de incorporar a la formación al consenso de la reforma constitucional.

El presidente confió en que "se imponga el sentido de la responsabilidad" de CiU "en un momento tan decisivo para el futuro de España", en alusión a la importancia de la reforma constitucional sobre la estabilidad presupuestaria como valladar ante el riesgo de futuras convulsiones financieras. "Espero que la moderación, que es una de las señas de gala que exhibe (CiU), se mantenga dentro de lo que es y puede ser la legítima discrepancia", dijo.

Zapatero también hizo esta apelación especial porque CiU no presenta objeciones de fondo al contenido del acuerdo en la medida que comparte la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria. De hecho, CiU pertenece al mismo grupo parlamentario europeo que la canciller alemana, Angela Merkel, adalid de la incorporación de la estabilidad presupuestaria a la Constitución y que ayer mismo alabó la iniciativa de reforma impulsada por el Gobierno socialista español.

Pero no se le presentaba nada fácil a los socialistas la incorporación del partido catalán al consenso por sus discrepancias sobre el encaje normativo de la propuesta.

José Luis Rodríguez Zapatero, admitió, a primera hora de la tarde de ayer, las dificultades de la negociación con CiU. A juicio del presidente, la discrepancia con CiU tiene que ver con su interpretación sobre el impacto negativo de la reforma constitucional en el autogobierno y la autonomía financiera de las comunidades autónomas, que no es correcta.

Zapatero insistió en que la reforma constitucional que se votará el viernes en el Congreso no tiene nada que ver con la distribución territorial de poder, como se quejó Duran durante el debate del martes. Se trata, dijo el presidente del Gobierno, de "llevar lo que ya hay en la ley -en referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2006- a la Constitución para hacer más fuerte y sólido el principio de estabilidad presupuestaria, que es una buena regla y un mandato para el funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas".

El presidente del Gobierno precisó que la dificultad de negociación con CiU radicaba en "algunas cosas" que "resultan difíciles de incorporar en este proceso de reforma". Se refería concretamente a la exigencia del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Duran i Lleida, -durante el debate de toma en consideración del pasado martes en el Congreso-, de que se rompa el corsé de los límites de endeudamiento y déficit para las comunidades autónomas que marcan el artículo 135 de la Constitución reformado y, sobre todo, la ley orgánica que lo desarrollará.

El nuevo artículo 135 de la ley fundamental señala que "el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea". Y añade que "una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido por el Estado y las comunidades autónomas, en relación con su PIB".

La ley orgánica que desarrolla la reforma constitucional precisa en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2010. Y a las comunidades autónomas les exige que no superen el 0,14% de su PIB. Asimismo, el punto 3 del artículo 135 de la Constitución añade que el Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizadas por ley para emitir deuda o contraer crédito.

Zapatero, que mostró sus reservas a que la negociación del PSOE con CiU pueda culminar hoy con un acuerdo, dejó, también, abierta la puerta a una negociación en el futuro que permita la incorporación de los nacionalistas catalanes al consenso. En su opinión, CiU podrá tener algún espacio en el posterior desarrollo legislativo, que "tendrá un trámite de diálogo y negociación", en clara referencia a la ley orgánica que desarrolla el artículo 135 de la Constitución reformado.

Rubalcaba y Durán charlan el martes en el Congreso.
Rubalcaba y Durán charlan el martes en el Congreso.GORKA LEJARCEGI

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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