El PSOE matiza la sanción a los parados que no acepten cursos

Los parados y las sanciones que les puede acarrear no aceptar los cursos de los servicios públicos de empleo prometen convertirse en objeto de debate en la tramitación de la reforma laboral en el Senado. Incluso dentro del PSOE, que pretende corregir una enmienda presentada por ellos mismos en la que se propone sancionar a los parados que no acepten formación desde el primer día que cobran la prestación. La nueva, que será sometida a votación en la Comisión de Trabajo del Senado el miércoles, permitirá un plazo de gracia de 30 días, según la portavoz socialista, Matilde Fernández.

Ahora, los parados con prestación tienen que aceptar las ofertas de empleo adecuadas -que se ajusten a su formación, al trabajo que reclaman y con unos requisitos de distancia y salario- desde que empiezan a cobrar, pero para los cursos de formación e itinerarios de inserción cuentan con un periodo de gracia de 100 días. Esta modificación va en la línea marcada por el Gobierno para cambiar las políticas activas de empleo (cursos, itinerarios, intermediación) y aumentar el control sobre los parados, como subrayó el viernes el ministro de Trabajo.

Antes de llegar a ese punto, el Gobierno tiene que sacar adelante la reforma. Y para ello, el Grupo Socialista necesitará en el Senado el apoyo o la abstención de los grupos nacionalistas presentes en la Comisión de Trabajo, CiU y PNV, siempre y cuando el PP mantuviera el voto negativo. "Vamos a trabajar en la línea que ya mantuvimos en el Congreso", explica Fernández para anunciar que la intención que tiene es negociar preferentemente con los grupos nacionalistas.

Va a tener que emplearse a fondo. El PSOE no tiene intención de modificar las causas económicas que permiten el despido objetivo (el más barato, 20 días por año trabajado). El texto que salió del Congreso permite esta vía de rescisión del contrato cuando hay "pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente del nivel de ingresos". Esta redacción no gusta nada a CiU, que tratará de cambiarla. No obstante, Fernández confía en el PNV, pues la enmienda que el grupo nacionalista ha presentado sobre este tema corresponde en realidad a su socio parlamentario en el Senado, el BNG, que se opone a la reforma. El PSOE tampoco quiere cambiar los puntos que atañen a la flexibilidad interna de las empresas, otro de los puntos en los que el grupo nacionalista catalán puso el máximo empeño en el Congreso.