El PSOE pidió pruebas a los ediles que denunciaron

La secretaria general del PSOE en la provincia de Málaga, Marisa Bustinduy, negó ayer que dos concejales del equipo de gobierno en Estepona le facilitaran documentación y detalles sobre las irregularidades que se cometían en el ayuntamiento en varias reuniones celebradas antes de las últimas elecciones municipales de mayo de 2007.

"Eso no es verdad", dijo Bustinduy, quien sí admitió que en una ocasión, hace aproximadamente año y medio, convocó a una reunión al alcalde Antonio Barrientos y al edil David Valadez y a distintos miembros de la ejecutiva provincial con el propósito de mediar entre ambos y que alcanzaran un acuerdo sobre las discrepancias que mantenían públicamente y que podían afectar al crédito del gobierno municipal.

Según Bustinduy, en la reunión, Valadez habló de que el equipo de gobierno estaba haciendo "cosas muy feas" e insinuó que había irregularidades. La dirigente afirma que pidió a Valadez que concretara y aportara pruebas, algo que, sostiene, nunca hizo. El propio Barrientos emplazó a Valadez a denunciarle en el juzgado si tenía conocimiento de ilegalidades.

Varios dirigentes provinciales ratificaron ayer la versión de Bustinduy, y la única discrepancia apreciable es que alguno de ellos dijo que podían ser "una o dos reuniones", pero que se habló de afirmaciones genéricas, sobre cuestiones de convenios que estaban en los periódicos, pero sin que salieran a relucir ilegalidades ni pruebas. En el entorno de Valadez se asegura que fueron en torno a cinco reuniones y que se aportó documentación.

La edil socialista Cristina Rodríguez y el de IU Eduardo Alarcón negaron ayer haber colaborado con la policía en la investigación, como informó EL PAÍS.

El PSOE ha expulsado provisionalmente del partido a Barrientos, pero no a los otros cuatro ediles detenidos, sobre los que decidirá una vez que conozcan si quedan o no imputados.