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El PSOE plantea al PP un acuerdo, pero sin contrato de integración

FERNANDO GAREA - Madrid - 07/06/2008

 
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El PSOE empezará a negociar el lunes con el PP un acuerdo sobre inmigración que excluya el contrato de integración, según fuentes del Grupo Socialista. El asunto, en todo caso, será sometido a votación en el pleno del Congreso del martes, tras el primer debate sobre inmigración en la Cámara de esta legislatura.

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El PP quiere someter a votación una proposición no de ley en la que "se insta al Gobierno a poner en marcha un procedimiento que permita la suscripción de un contrato de integración para aquellos inmigrantes extracomunitarios que deseen establecerse en nuestro país. Dicho contrato se aplicará a todo aquel que solicite la primera renovación del permiso de residencia y trabajo". Se especifica que debe comprometerse a respetar "principios y valores constitucionales, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos y cotizaciones, a trabajar activamente para integrarse y a retornar si carece de empleo y medios".

El Grupo Socialista y el Gobierno consideran que ese contrato es "inútil, redundante y degradante", pero pretenden aprovechar el debate para que el Congreso se pronuncie a favor de un pacto de Estado sobre la inmigración.

La propuesta del PSOE se basará en la cooperación internacional, los acuerdos con los Estados de origen para la readmisión de sin papeles, la política común europea y la integración de los inmigrantes.

Endurecimiento

Insistirá en el principio de que "España sólo puede asumir los inmigrantes que sean legales y vinculados a puestos de trabajo". El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ya expuso en el Congreso el endurecimiento de la política del Gobierno, basada en vincular inmigración con trabajo, pero rechaza el contrato de integración que propone el PP y que Mariano Rajoy presentó en la campaña electoral.

En lugar de ese contrato, los socialistas defenderán la aplicación del llamado Plan de Ciudadanía e Integración para 2007-2012, aprobado en la legislatura pasada, que supone invertir 2.000 millones de euros en ese periodo. Ese plan fue pactado con las administraciones autonómicas, sindicatos y asociaciones representativas. Si el PP no acepta el acuerdo, incluida la retirada del contrato de integración, el Congreso rechazará la proposición no de ley.


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